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Fecha de Publicación: 22/12/2005
Bolivia

Ley 1777 - Código de Minería


LEY 1777
LEY DE 17 DE MARZO DE  1997 

GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

CODIGO DE MINERIA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley.

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:

CÓDIGO DE MINERÍA

LIBRO PRIMERO

NORMAS SUBSTANTIVAS

TITULO I

DEL DOMINIO DE LAS SUBSTANCIAS MINERALES, DE SU CONCESION Y DE LOS SUJETOS DE DERECHOS MINEROS

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS AL DOMINIO Y A LA CONCESION

ARTÍCULO 1º
. Pertenecen al dominio originario del Estado todas las sustancias minerales en estado natural, cualesquiera sea su procedencia y forma de presentación, hállense en el interior o en la superficie de la tierra. Su concesión se sujetará a las normas del presente Código.

ARTÍCULO 2º. El Estado a través del Poder Ejecutivo, otorgará concesiones mineras a las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, que las soliciten ante el Superintendente de Minas de la jurisdicción, conforme a las normas del presente Código.

ARTÍCULO 3º. Las personas individuales o colectivas que realicen actividades mineras quedan sometidas a las leyes del país, siendo extranjeras, se tiene por renunciada toda reclamación diplomática sobre cualquier materia relativa a dichas actividades.

ARTÍCULO 4º. La concesión minera constituye un derecho real distinto al de la propiedad del predio en que se encuentra, aunque aquélla y éste pertenezcan a la misma persona. Es un bien inmueble, transferible y transmisible por sucesión hereditaria. Puede constituirse sobre ella hipoteca, y ser objeto de cualquier contrato que no contraríe las disposiciones del presente Código.

ARTÍCULO 5º. La concesión minera está formada por una cuadrícula u por dos o más cuadriculas colindantes al menos por un lado, cuya extensión no podrá exceder las 2.500 cuadrículas.

ARTÍCULO 6º. La cuadrícula es la unidad de medida de la concesión minera. Tiene la forma de un volumen piramidal invertido, cuyo vértice inferior es el centro de la tierra y su límite exterior la superficie del suelo correspondiente planimétricamente a un cuadrado de quinientos metros por lado con una extensión total de veinticinco hectáreas. Sus vértices superficiales están determinados mediante coordenadas de la Proyección Universal y Transversa de. Mercator (UTM), referidas al Sistema Geodésico Mundial (WGS-84).

Dicha cuadrícula minera está medida y orientada de Norte a Sur y registrada en el Cuadriculado Minero Nacional, elaborado conjuntamente entre el Instituto Geográfico Militar y el Servicio Técnico de Minas.

ARTÍCULO 7º. Cada cuadrícula minera se identifica por el número de la respectiva hoja de la Carta Geográfica Nacional, escala 1:50.000 elaborada por el Instituto Geográfico Militar y por un Sistema Matricial de Cuadrícula Minera establecido por el Servicio Técnico de Minas.

ARTÍCULO 8º. Sólo en áreas de las fronteras internacionales y en las franjas de traslado de las zonas 19, 20 y 21 de la Proyección Universal y Transversa de Mercator (UTM), puede constituirse concesión minera cuyas cuadrículas sean menores a veinticinco hectáreas y no tengan forma cuadrada.

ARTÍCULO 9º. La cuadrícula no es susceptible de división material.

La concesión minera de solo una cuadrícula admite únicamente la división porcentual en partes accionarias.

La concesión minera de dos o más cuadrículas es divisible materialmente por cuadrículas. Cada cuadrícula resultante de la división subsiste con individualidad propia, mantiene la prioridad de la concesión original y debe precisarse mediante las coordenadas U.T.M. de cada uno de sus vértices. Esta división se hará por escritura pública inscrita necesariamente en el Registro Minero a cargo del Servicio Técnico de Minas. Sólo después de cumplidos estos requisitos puede inscribirse el instrumento en el Registro de Derechos Reales.

ARTÍCULO 10º. La concesión minera otorga a su titular y con la condición del pago de patentes, el derecho real y exclusivo de realizar por tiempo indefinido actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de todas las substancias minerales que se encuentren en ella, incluidos los desmontes, escorias, relaves y cualesquier otros residuos mineros o metalúrgicos, respetando derechos preconstituidos. Se obtiene por concesión del Estado y se adquiere por actos jurídicos entre vivos y por causa de muerte, conforme a la ley civil.

Los derechos y obligaciones establecidos por este Código para los concesionarios mineros quedan extendidos a quienes ejerzan posesión legal en virtud de relación contractual.

ARTÍCULO 11º. Las concesiones mineras no se adquieren por usucapión, excepto después de expedido el título ejecutorial y con arreglo a la ley civil.

ARTÍCULO 12º. La concesión minera, sus productos, equipos e instalaciones, son susceptibles de anotación preventiva, de embargo y de secuestro judicial, según corresponda.

ARTÍCULO 13º. La prioridad en la presentación de la solicitud otorga derecho preferente para obtener la concesión minera.

ARTÍCULO 14º. Se excluyen de las disposiciones de este Código, el petróleo, los demás hidrocarburos y las aguas minero medicinales, que se rigen por leyes especiales.

ARTÍCULO 15º. Los preceptos del artículo 171º de la Constitución Política del Estado y las disposiciones pertinentes del convenio No 169 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por Ley No 1257 de II de julio de 1991 son aplicables al sector minero.

CAPITULO II

DE LOS SUJETOS DE DERECHOS MINEROS

ARTÍCULO 16º.
Son sujetos de derecho para efectos de este Código todas las personas individuales y colectivas, nacionales o extranjeras, legalmente capaces.

ARTÍCULO 17º. Las personas individuales o colectivas extranjeras no pueden adquirir ni poseer, a ningún título, directa o indirectamente, concesión minera dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras internacionales, excepto el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa.

Las personas individuales o colectivas nacionales que sean titulares de concesiones mineras a cualquier título en las áreas anteriormente mencionadas, pueden suscribir con personas extranjeras individuales o colectivas contratos de servicios, de riesgo compartido u otros, para el desarrollo y ejecución de actividades y trabajos mineros, con prohibición expresa de transferirles o arrendarles total o parcialmente las concesiones mineras, bajo sanción de nulidad, conforme a lo establecido en el artículo 66 de este Código.

Artículo 18º. No pueden obtener ni adquirir concesiones mineras, condominio en ellas, acciones, cuotas de capital o participaciones en sociedades mineras, ni suscribir contratos mineros, personalmente o por interpósita persona, bajo sanción de nulidad:

a) En todo el territorio Nacional:

El Presidente y Vicepresidente de la República; Senadores y Diputados; Ministros de Estado; Secretarios Nacionales, Subsecretarios, funcionarios y empleados de la Secretaria Nacional de Minería y de las entidades de su dependencia; funcionarios y empleados de las entidades y corporaciones del Estado que tengan relación con actividades mineras; Prefectos, Alcaldes y Miembros de los Conejos Municipales; Presidente y Ministros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y miembros del Consejo de la Judicatura ; Fiscal General de la República; Superintendentes General y Regionales de Minas; Generales, Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en servicio activo;

b) En el distrito de la jurisdicción donde ejercen sus funciones:

Funcionarios y empleados de las prefecturas departamentales;

c) Los administradores trabajadores, empleados, arrendatarios, contratistas, técnicos y consultores de los concesionarios mineros, dentro de un área de dos kilómetros del perímetro de las concesiones de estos últimos; y

d) Los cónyuges, los ascendientes y descendientes hasta el primer grado de consanguinidad de las personas a que se refieren los incisos anteriores.

ARTÍCULO 19º. Las prohibiciones establecidas en el artículo precedente no se aplican:

a) A los derechos mineros obtenidos o adquiridos por las personas referidas en el artículo 18, con anterioridad o posterioridad al ejercicio de las respectivas funciones. En este último caso, la prohibición subsiste durante los tres meses siguientes a la cesación de las funciones;

b) A los derechos referidos en el articulo 18o que sean propios del cónyuge del inhabilitado, adquiridos antes del matrimonio; ni

c) A los mismos derechos adquiridos por sucesión hereditaria.

El inhabilitado por efecto de los incisos a), b) y d) del articulo 18 tampoco podrá ejercer simultáneamente funciones de administración o dirección en empresas o sociedades mineras.

ARTICULO 20º. Las sociedades y empresas mineras constituidas antes del ejercicio de funciones públicas del inhabilitado, en las que éste sea socio, pueden seguir operando y ejercer todos los derechos establecidos en el presente Código, a condición de que el inhabilitado no desempeñe simultáneamente funciones de administración en dichas sociedades y empresas.

ARTÍCULO 21º. Las sociedades mineras cooperativas legalmente constituidas de acuerdo a la Ley General de Cooperativas gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que este Código establece para todos los concesionarios mineros.

Las sociedades cooperativas mineras podrán asociarse y suscribir contratos de cualquier naturaleza, incluidos contratos de riesgo compartido con la Corporación Minera de Bolivia o con otras personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, sin perder su naturaleza de entidades de interés social.

ARTÍCULO 22º. El Estado establecerá mecanismos de fomento, asistencia técnica y políticas de financiamiento para el desarrollo de la minería chica y cooperativa. Asimismo, establecerá sistemas de incentivos para la protección ambiental en las operaciones de la minería chica y cooperativa.

ARTÍCULO 23º. Las sociedades cooperativas mineras para la suscripción de cualquier tipo de contratos acreditarán su personalidad jurídica y personería de sus representantes legales conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Cooperativas.

TITULO II

DE LAS ACTIVIDADES MINERAS
CAPITULO I

DE LA CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

ARTÍCULO 24º.
Las actividades mineras son proyectos de interés nacional, se rigen por las normas del presente Código, tienen carácter de utilidad pública cuando constituyen parte integrada del proceso de producción del concesionario u operador minero.

ARTÍCULO 25º. Las actividades mineras se clasifican en:

a) Prospección y exploración;

b) Explotación;

c) Concentración;

d) Fundición y refinación;

e) Comercialización de minerales y metales.

CAPITULO II

DE LA PROSPECCION, EXPLORACION Y EXPLOTACION DE MINERALES

ARTÍCULO 26º.
Cualquier persona individual o colectiva, nacional o extranjera, puede realizar actividades de prospección, exploración y explotación de yacimientos mineros, incluyendo desmontes, colas y relaves, así como las tareas de reconocimiento aéreo con fines de prospección y exploración mineras en todo el territorio nacional, con sujeción a las normas establecidas en este Código y a otras normas pertinentes.

CAPITULO III

DE LA CONCENTRACION, FUNDICION, REFINACION Y COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES

ARTÍCULO 27º
. La concentración, fundición, refinación y comercialización de minerales y metales se consideran actividades mineras únicamente cuando se realizan como parte integrada del proceso de producción del concesionario u operador minero.

ARTÍCULO 28º. Las actividades a que se refiere el artículo anterior, que no constituyan parte del proceso integrado de una producción minera, pueden realizarse libremente por cualquier persona nacional o extranjera, con sujeción al Código de Comercio.

ARTÍCULO 29º. Los residuos minero - metalúrgicos pertenecen al titular de la concesión minera o de la planta de concentración, beneficio, fundición o refinación de donde provienen.

ARTÍCULO 30º. Es libre e irrestricta la tenencia y comercialización de minerales y metales por cualquier persona individual o colectiva nacional o extranjera, así corno su utilización en la artesanía, manufactura especializada y otras actividades, cumpliendo las normas legales establecidas en el Código de Comercio y otras que sean aplicables.

TITULO III

DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS MINEROS

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS

ARTÍCULO 31º.
A partir de la fecha de la resolución constitutiva de concesión, el concesionario minero obtiene el derecho de prospectar explorar y explotar minerales dentro del perímetro de su concesión y de realizar las otras actividades mineras a que se refiere el articulo 25 dentro o fuera del perímetro de su concesión, sin otras limitaciones que las señaladas por ley.

ARTÍCULO 32º. Las resoluciones constitutivas de concesión dictadas a partir de la vigencia de este Código otorgan a sus titulares, además del derecho a que se refiere el artículo precedente, el derecho exclusivo de consolidar en su favor las concesiones preconstituidas por pertenencias ubicadas dentro del perímetro de su concesión, que se extingan por cualesquiera de las causales señaladas en el articulo 62 de este Código. Dicha consolidación se formalizará de conformidad a lo establecido en el Capítulo II, Titulo II, del Libro Segundo de este Código.

ARTÍCULO 33º. Si en el área de una petición minera por cuadrículas existieran concesiones preconstituidas o parte de ellas antes de la vigencia del presente Código registradas en el Servicio Técnico de Minas, el Superintendente de Minas otorgará al peticionario las cuadrículas solicitadas respetando dichas concesiones.

ARTÍCULO 34º. Los concesionarios mineros podrán efectuar y establecer dentro y fuera de sus concesiones las construcciones, instalaciones y medios de comunicación y transporte que consideren necesarios para la realización de sus actividades, con sujeción a las disposiciones de este Código y demás normas legales aplicables.

ARTÍCULO 35º. Dentro del perímetro de su concesión los concesionarios mineros tienen derecho al uso de los terrenos de dominio público para los efectos del articulo anterior, así como al aprovechamiento de materiales de construcción y de maderas, leña, turba y otros existentes en dichos terrenos, con destino exclusivo a sus actividades mineras, con sujeción a disposiciones aplicables.

Si los terrenos fueran de dominio privado, el concesionario minero concertará con el propietario del suelo o ejercerá su derecho de constituir servidumbre, o de expropiar, conforme a las normas del presente Código.

ARTICULO 36º. Los concesionarios mineros, para la realización de sus actividades, pueden usar y aprovechar las aguas de dominio público y las que se alumbren o discurran por sus concesiones, con la obligación de protegerlas y restituirlas a su cauce o cuenca natural, cumpliendo con lo establecido en el presente Código, la Ley de Aguas, la Ley del Medio Ambiente, sus reglamentos y otras disposiciones referentes a los recursos hídricos.

ARTÍCULO 37º. El concesionario minero puede hacer uso de aguas de dominio privado, previo acuerdo con su titular o después de cumplidos los trámites de servidumbre o expropiación establecidos en el presente Código. No procede la constitución de servidumbre sobre aguas ni la expropiación cuando se interrumpa o perjudique la provisión de agua potable a las poblaciones.

ARTÍCULO 38º. Cuando el concesionario minero necesite variar un curso de aguas lo hará saber por escrito a los propietarios del suelo, a los concesionarios mineros colindantes, a los propietarios de plantas de beneficio o fundición y a los colindantes y vecinos, si los hubiere. Si en el transcurso de noventa días, de su notificación ninguno de ellos se presentare ante el Superintendente de Minas de la jurisdicción a reclamar su derecho a usarlas, se entenderá que renuncian a éste.

ARTÍCULO 39º. Ninguna autoridad no judicial o persona individual o colectiva puede impedir la iniciación u ordenar la suspensión de actividades mineras, bajo sanción de resarcimiento de daños y perjuicios al concesionario, además de la responsabilidad penal que pudiera corresponder, salvo que la autoridad competente comprobara casos de emergencia ambiental, propase de labores o cuando así lo exijan la salud y vida del personal.

CAPITULO II

DE LA OPOSICION

ARTÍCULO 40º.
Los peticionarios o concesionarios mineros pueden formular oposición cuando se presenten nuevas peticiones mineras superponiéndose total o parcialmente a las suyas;

ARTÍCULO 41º. Cuando se presente superposición, únicamente se concederá al peticionario las cuadriculas no afectadas por la oposición.

Tratándose de oposiciones formuladas por concesionarios con derechos preconstituidos a la vigencia del presente Código, la resolución del Superintendente ordenará que se respeten los derechos del opositor y concederá las cuadrículas solicitadas por el peticionario, siempre que existan áreas disponibles dentro de la o las cuadriculas afectadas por la oposición.

CAPITULO III

DEL AMPARO ADMINISTRATIVO MINERO

ARTÍCULO 42º.
El Superintendente de Minas amparará, con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, al concesionario minero o poseedor legal que tenga resolución constitutiva de concesión, título ejecutorial, posesión o tenencia legal y cuyas concesiones o cualesquiera de sus instalaciones fueran objeto de invasión o perturbación de hecho que de cualquier modo alteren o perjudiquen el normal y pacífico desarrollo de sus actividades mineras, sea persona particular o autoridad no judicial.

Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar.

CAPITULO IV

DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 43º
. Los concesionarios y quienes realicen actividades mineras están obligados a cuidar de la vida y salud de sus trabajadores, aplicando las normas de seguridad e higiene industrial vigentes. También cuidarán que sus actividades no causen daño a sus concesiones, a las colindantes ni a la firmeza de los terrenos y edificaciones de la superficie.

ARTÍCULO 44º. Con excepción de las actividades preexistentes a la vigencia del presente Código, las cuales estarán sujetas a reglamentación especial, el concesionario minero no podrá realizar actividades mineras de exploración y explotación en:

a) Ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas;

b) La proximidad de caminos, canales, lagos, embalses, ductos, vías férreas, líneas de transmisión de energía y comunicaciones, hasta una distancia de cien metros; y

c) La vecindad de los monumentos históricos y arqueológicos declarados por ley, así como de los aeropuertos, y de los cuarteles e instalaciones militares, hasta una distancia de mil metros.

Los bienes y lugares referidos en los incisos precedentes si quedan comprendidos dentro del perímetro de las concesiones no podrán ser objeto de actividades mineras.

Las entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que construyan o mantengan vías de comunicación terrestre por cuenta del Estado podrán usar libremente los materiales y agregados áridos que requieran exclusivamente para la realización de sus trabajos u obras que se encuentren dentro del diseño vial, respetando derechos preconstituidos.

ARTICULO 45º. Los concesionarios y quienes realicen actividades mineras están obligados a ejecutar sus trabajos utilizando métodos y técnicas compatibles con la protección del medio ambiente, evitando daños al propietario del suelo y a los concesionarios colindantes y vecinos y resarciendo los que causaren.

ARTÍCULO 46º. La concesión minera podrá estar demarcada con mojones fijos en cada uno de sus vértices. Las características técnicas y físicas de los mojones serán establecidas por el Servicio Técnico de Minas.

ARTÍCULO 47º. Las autoridades nacionales, las prefecturales y municipales, podrán realizar inspecciones a las instalaciones o dependencias de los concesionarios u operadores mineros, a objeto de verificar conforme a reglamento, el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, sociales o ambientales. En caso de establecerse el incumplimiento de dichas obligaciones, la autoridad competente deberá efectuar la denuncia pertinente para su procesamiento y sanciones correspondientes.


CAPITULO V

DE LAS PATENTES MINERAS

ARTÍCULO 48º.
Los titulares de concesiones mineras, para mantener vigente su derecho, están obligados a pagar la patente anual establecida en el artículo 50 del presente Código, bajo sanción de caducidad. Los condóminos son solidaria e indivisiblemente responsables del pago de esta patente. El pago de la patente minera se efectuará a través de los bancos del sistema nacional.

ARTÍCULO 49º. No pueden otorgarse escrituras públicas sobre concesiones mineras, ni expedirse títulos ejecutoriales, si no consta que la patente minera anual está pagada. El respectivo comprobante de pago formará parte del protocolo notarial.

ARTÍCULO 50º. Los titulares de concesiones constituidas por una o más cuadriculas pagarán una patente por cada año calendario (enero a diciembre)

Esta patente será progresiva de acuerdo a la siguiente escala:

ANTIGÜEDAD DE MONTO ANUAL POR LA CONCESION CUADRICULA (En bolivianos)

1 a 5 años Bs. 125.-
6 años adelante Bs. 250.-

Las concesiones mineras preconstituidas antes de la vigencia del presente Código, con una extensión de hasta mil pertenencias mineras, pagarán una patente fija adelantada de cinco bolivianos (Bs. 5.-) por pertenencia por cada año calendario, mientras la concesión se mantenga vigente por pertenencias.

Las concesiones mineras preconstituidas por pertenencias con una extensión mayor a mil pertenencias pagarán la patente anual adelantada en forma progresiva, de acuerdo a la siguiente escala:

ANTIGÜEDAD DE MONTO ANUAL LA CONCESION POR PERTENENCIA (En bolivianos)

1 a 5 años Bs. 5.00
6 años adelante Bs. 10.00

Para las concesiones preconstituidas mayores a mil pertenencias (1.000) el año uno para la aplicación de la escala precedente será el año 1997.

La patente anual para toda concesión constituida por cuadriculas se pagará por el año calendario (enero a diciembre) en la fecha en que se dicte la resolución constitutiva de la concesión. En lo sucesivo dicha patente se pagará por año adelantado.

A partir de la gestión 1998 y hasta el 3 1 de diciembre de cada año, el Poder Ejecutivo actualizará anualmente el monto de las patentes precedentemente señaladas, conforme a la variación del tipo de cambio oficial, con relación al dólar de los Estados Unidos de América, más un factor de corrección equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de inflación del dólar de los Estados Unidos de América

ARTÍCULO 51º. La patente anual se paga por cuadrícula completa, aun cuando dentro de su perímetro existan concesiones preconstituidas antes de la vigencia del presente Código.

ARTÍCULO 52º. El monto de recaudación de la patente establecida en el articulo 50 de este Código, será destinado en un 30% al o los municipios donde se encuentren ubicadas las concesiones mineras y en un 70% al sostenimiento del Servicio Técnico de Minas, Superintendencia General, Superintendencias de Minas y al Servicio de Geología y Minería.

TITULO IV

DE LAS RELACIONES DE LOS CONCESIONARIOS

CAPITULO I

DE LAS RELACIONES DE LOS CONCESIONARIOS ENTRE SI Y CON LOS PROPIETARIOS DEL SUELO

ARTÍCULO 53º.
Los concesionarios mineros autorizarán a sus colindantes el ingreso a sus lugares de trabajo cuando exista fundado peligro de inundación, derrumbe o cualquier otro daño que pudiera ser causado a éstos con la ejecución de tales labores. Si la autorización fuera negada por el concesionario, el solicitante puede obtenerla del Superintendente de Minas de la jurisdicción.

ARTÍCULO 54º. El concesionario minero no debe propasar sus labores en concesión ajena. Si lo hiciere está obligado a restituir el valor de lo que extraiga y a indemnizar los daños y perjuicios.

ARTÍCULO 55º. Los concesionarios mineros pueden convenir con los propietarios del suelo respecto de las extensiones de la superficie, uso y aprovechamiento de los materiales que necesiten para las construcciones e instalaciones a que se refiere el artículo 34.

CAPITULO II

DE LAS SERVIDUMBRES

ARTICULO 56º.
Las servidumbres mineras se constituyen, modifican y extinguen por acuerdo de partes o por disposición de la ley.

Los concesionarios mineros, para el desarrollo de sus actividades, pueden constituir en cualquier tiempo toda clase de servidumbres en cualquier área superficial de dominio privado y en concesiones mineras colindantes o vecinas.

Cuando no haya acuerdo de partes, se aplicarán las normas de los Capítulos III y IV Título III del Libro Segundo de este Código.

Los gastos que demande la constitución de las servidumbres serán pagados por el titular de la concesión dominante.

ARTÍCULO 57º. Las concesiones mineras quedan sometidas a la servidumbre de curso natural de las aguas procedentes de otras concesiones hasta el desagüe común.

ARTÍCULO 58º. Las servidumbres se extinguen juntamente con las concesiones mineras dominantes. También se extinguen o se reducen parcialmente cuando cambia la necesidad de su establecimiento o su titular las destina a uso distinto para el que fueron constituidas. Las servidumbres pueden también ampliare si lasì¥Á9

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ÔVÔVÔVÔV4tos establecidos en los Capítulos III y IV, Titulo III del Libro Segundo de este Código.

ARTÍCULO 60º. La expropiación minera no requiere, en ningún caso, de declaratoria previa de necesidad y utilidad pública. A tal fin las construcciones, ingenios, plantas, instalaciones y vías de comunicación para la realización de actividades mineras son obras de interés público.

ARTÍCULO 61º. El propietario del suelo recuperará total o parcialmente el suelo expropiado cuando todo o parte del mismo se destine a uso distinto de la actividad minera, o cuando no se haya hecho uso de él en el plazo de dos años a partir de la expropiación.

TITULO V

DE LA EXTINCION DE LAS CONCESIONES MINERAS

CAPITULO I

DE LAS CAUSAS DE LA EXTINCION

ARTÍCULO 62º
. El derecho sobre las concesiones mineras se extingue por:a) Renuncia;

b) Caducidad, y

c) Nulidad.

CAPITULO II

DE LA RENUNCIA

ARTÍCULO 63º.
Los concesionarios mineros pueden renunciar en cualquier momento total o parcialmente a su concesión, siempre que no afecten derechos de terceros. La renuncia parcial no implica extinción de la concesión sino su reducción. La renuncia se tramitará conforme a lo establecido en los artículos 151º. y siguientes de este Código.

ARTÍCULO 64º Las concesiones mineras sujetas a contratos de arrendamiento, de opción, de riesgo compartido, de hipoteca u otros para cuyo cumplimiento sea esencial la vigencia del derecho concesionario minero, no pueden ser objeto de renuncia total o parcial, salvo acuerdo de partes.

CAPITULO III
DE LA CADUCIDAD

ARTÍCULO 65º.
Las concesiones mineras caducan únicamente cuando la patente anual correspondiente no se pague en el plazo máximo establecido en el inciso b) del artículo 155, salvo lo dispuesto en el artículo 4 de las disposiciones transitorias del presente Código.

La caducidad se opera por imperio de la ley, no requiere declaración administrativa o judicial alguna y produce la reversión de la concesión minera al dominio originario del Estado.

Si las concesiones mineras estuvieran sujetas a condominio la caducidad surtirá efecto para todos los condóminos.

CAPITULO IV

DE LA NULIDAD

ARTÍCULO 66º.
El acto jurídico por el cual se otorga una concesión minera es nulo por haberse pronunciado contraviniendo las disposiciones establecidas en los artículos 17 y 18 de este Código.

ARTÍCULO 67º. La acción de nulidad procederá de oficio o a demanda del titular de la correspondiente cuadrícula o de un tercero y será declarada por el Superintendente de Minas de la jurisdicción produciendo los siguientes efectos:

1) Si la concesión fuera declarada nula de oficio o a demanda de tercero, revertirá al dominio originario del Estado.

2) Si la concesión declarada nula hubiera sido otorgada por pertenencias y existiera titular de la o las cuadrículas en las que se encuentre ubicada la concesión anulada, se aplicará lo establecido por el artículo 32 de este Código.

TITULO VI

DE LOS CONTRATOS MINEROS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 68º.
Sobre las concesiones, actividades mineras y sus productos pueden celebrarse toda clase de actos y contratos, los mismos que se rigen por el presente Código y, en lo que fuere aplicable, por el Código de Comercio, Código Civil y otras normas legales pertinentes.

ARTÍCULO 69º. Los títulos ejecutoriales y los contratos traslativos de dominio, así como los de riesgo compartido, de arrendamiento y los de opción de compra, relativos a concesiones mineras, para tener eficacia jurídica, deben celebrarse mediante escritura pública e inscribirse en el Registro Minero a cargo del Servicio Técnico de Minas y en el Registro de Derechos Reales.

CAPITULO II

DE LA TRANSFERENCIA, EL ARRENDAMIENTO Y LA OPCION

ARTÍCULO 70º.
Los contratos de transferencia de concesiones mineras no pueden ser rescindidos por causa de lesión.

ARTÍCULO 71º. El plazo y demás condiciones y estipulaciones de los contratos de arrendamiento y de opción sobre concesiones mineras quedan librados a la voluntad de las partes. Los artículos 464o y 688o del Código Civil no serán de aplicación en materia minera.

Los tributos aplicables a los contratos de opción, o aquellos que aparejen una opción, se pagarán sobre el precio de la opción solamente cuando ésta se ejecute y la transferencia se perfeccione.

CAPITULO III

DEL PRESTAMO Y LA HIPOTECA

ARTÍCULO 72º.
El préstamo minero se rige por la ley común.

La concesión minera puede hipotecarse. El acreedor puede llevar la ejecución u otro litigio hasta el remate de los bienes gravados, conforme a la ley civil.

ARTÍCULO 73º. Los acreedores de un concesionario minero pueden pagar las patentes establecidas por ley y su acreencia por este concepto será privilegiada.

Los acreedores quedarán notificados con la falta de pago de patentes, por medio de la publicación a que se refiere el inciso a) del artículo 155.

ARTÍCULO 74º. A los efectos de la oponibilidad, los contratos con garantía hipotecaria o prendaria deben inscribirse obligatoriamente en el Registro de Derechos Reales.

ARTÍCULO 75. La maquinaria, herramientas y demás bienes son susceptibles de hipoteca juntamente con la concesión minera. También puede constituirse prenda sobre ellos.

CAPITULO IV
DE LOS CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO

ARTÍCULO 76º
. Las sociedades constituidas en el país, así como las entidades y corporaciones del Estado, y las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, domiciliadas y representadas en el país, pueden celebrar contratos de riesgo compartido para el desarrollo o ejecución de trabajos, proyectos, obras, servicios, suministros y otros de carácter minero. Pueden, asimismo, desarrollar o ejecutar los trabajos, obras y servicios complementarios o accesorios al objeto principal del contrato de riesgo compartido.

ARTÍCULO 77º. Las personas individuales o colectivas extranjeras que suscriban contratos mineros de riesgo compartido se rigen por las leyes nacionales; deben constituir domicilio en Bolivia y cumplir los demás requisitos establecidos en la legislación nacional.

ARTÍCULO 78º. El contrato de riesgo compartido no constituye sociedad ni establece personalidad jurídica. Los derechos y obligaciones asumidos por las partes y la forma de cubrir la responsabilidad hacia terceros se rigen por lo acordado en el respectivo contrato.

ARTÍCULO 79º. El contrato de riesgo compartido debe celebrarse mediante escritura pública. Surte efecto legal respecto a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio.

ARTÍCULO 80º. El contrato de riesgo compartido contendrá, además de todo aquello que las partes convengan:

a) Objeto, con especificación de las actividades a realizar y de los medios acordados para su ejecución;
b) Plazo, que podrá ser fijo o determinado por la duración del proyecto que constituya el objeto;
c) Denominación, que deberá estar seguida de la expresión Riesgo Compartido "R.C.".
d) Nombre o denominación, nacionalidad, domicilio y datos de inscripción en el Registro de Comercio, en su caso, de cada una de las partes. Tratándose de sociedades debe insertarse en la escritura la resolución del órgano societario que aprobó la celebración del contrato de riesgo compartido;
e) Obligaciones asumidas por las partes, las contribuciones o aportes comprometidos y los modos de financiar las actividades comunes ;
f) Designación de los representantes y administradores con especificación del nombre o denominación, domicilio y facultades. En el contrato se estipulará la forma de reemplazarlos en caso de muerte, incapacidad, impedimento, renuncia u otros que correspondan;
g) Sistema o forma convenidos para la participación de los contratantes en la distribución de los resultados, ingresos y gastos;
h) Causales de separación y exclusión de alguna de las partes, así como las condiciones de admisión de nuevas partes;
i) Sanciones por incumplimiento de obligaciones;
j) Obligatoriedad de establecer un sistema de contabilidad y preparación de estados financieros y balances de acuerdo con la legislación nacional;
k) Causas de resolución y extinción del contrato y forma de designación del o los liquidadores, y
1) Régimen de solución de controversias.

ARTÍCULO 81º. Los representantes y administradores del riesgo compartido deben tener poderes suficientes de todas las partes para ejercer los derechos y contraer las obligaciones relativas al desarrollo y ejecución del contrato.

ARTÍCULO 82º. Salvo estipulación expresa en contrario, no se presume la solidaridad ni la responsabilidad ilimitada de las partes en los contratos de riesgo compartido por los actos y operaciones de éste, ni por las obligaciones contraidas frente a terceros.

ARTÍCULO 83º. La quiebra de cualesquiera de las partes o la incapacidad o muerte de los contratantes individuales no causa la extinción del contrato de riesgo compartido, salvo pacto en contrario.

TITULO VII

DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPITULO I
DEL MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 84º.
Las actividades mineras se realizarán conforme al principio de desarrollo sostenible, en sujeción a la Ley del Medio Ambiente, sus Reglamentos y el presente Código.

ARTÍCULO 85º. Los concesionarios u operadores mineros están obligados a controlar todos los flujos contaminantes que se originen dentro del perímetro de sus concesiones, así como en sus actividades mineras, en conformidad con las normas legales aplicables.

Los concesionarios u operadores mineros que únicamente realicen actividades de prospección y exploración controlarán solamente los flujos que pudieran originarse en dichas actividades mineras.

El Estado establecerá mecanismos financieros o tributarios para facilitar el control de los flujos contaminantes que no estuvieran relacionados con el proceso productivo del concesionario u operador minero y que se, hubieran originado en actividades mineras realizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley del Medio Ambiente o a la fecha de obtención de la concesión minera si ella fuere posterior.

ARTICULO 86º. Los concesionarios u operadores mineros están obligados a mitigar los daños ambientales que se originen en sus concesiones y actividades mineras, según reglamentación especial.

Los concesionarios u operadores mineros que únicamente realicen actividades de prospección y exploración mitigarán solamente los daños ambientales que pudieran originarse en dichas actividades mineras.

Los concesionarios u operadores mineros no están obligados a mitigar los daños ambientales producidos con anterioridad a la vigencia de la Ley del Medio Ambiente o a la fecha de obtención de la concesión minera, si ella fuere posterior. Estos daños se determinarán a través de una auditoria ambiental a cargo del concesionario u operador minero. Los resultados de esta auditoría ambiental constituirán parte integrante de la licencia ambiental del concesionario u operador minero.

Si el concesionario u operador minero no realiza la precitada auditoria ambiental asume la responsabilidad de mitigar todos los daños ambientales originados en sus concesiones y actividades mineras.

Las responsabilidades del concesionario u operador minero por daños al medio ambiente subsisten aún después de la reversión de la concesión minera al dominio originario del Estado.

Las acciones por daños al medio ambiente originados en actividades mineras prescriben en el plazo de tres años.

ARTÍCULO 87º. La licencia ambiental para la realización de actividades mineras, establecida por la legislación ambiental vigente, será otorgada por la autoridad ambiental en base a informes técnicos expedidos por la Secretaria Nacional de Minería. Dicha licencia ambiental incluirá en forma integrada todas las autorizaciones, permisos o requerimientos de protección ambiental legalmente establecidos para las actividades mineras.

ARTÍCULO 88º. Las normas y limites permisibles ambientales que regulen las actividades mineras establecidos en los Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente, considerarán los niveles de contaminación existentes y los procesos tecnológicos en uso económicamente disponibles y las normas e incentivos para establecer, de manera progresiva, los procesos tecnológicos apropiados.

ARTÍCULO 89º. Los concesionarios mineros pueden realizar actividades mineras en áreas protegidas cuando un estudio de evaluación de impacto ambiental establezca que dichas actividades no afectan el cumplimiento de los objetivos de protección del área.

ARTÍCULO 90º. Las actividades de prospección y exploración en áreas no protegidas no requieren de estudio de evaluación de impacto ambiental, siendo solamente aplicables las normas de control y protección ambiental, conforme a reglamentación especial.

Aquellas otras actividades mineras cuyos impactos al medio ambiente no fueran significativos y para las cuales sea posible establecer de manera general, mediante reglamento, las acciones precisas requeridas para evitar o mitigar dichos impactos, tampoco requieren de estudio de evaluación de impacto ambiental, debiendo cumplir con lo establecido en reglamento especial.

CAPITULO II

DE LA CORPORACION MINERA DE BOLIVIA

ARTÍCULO 91º.
La Corporación Minera de Bolivia es una empresa pública, autárquica, dependiente de la Secretaría Nacional de Minería, encargada de la dirección y administración superiores de la minería estatal.

Esta entidad dirige y administra, sin realizar directamente actividades mineras, y solo mediante contratos de riesgo compartido, prestación de servicios o arrendamiento:

a) Los grupos mineros nacionalizados por Decreto Supremo No. 3223 de 3 1 de octubre de 1952, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;
b) Las demás concesiones mineras obtenidas o adquiridas a cualquier título;
c) Los residuos minero - metalúrgicos provenientes de las concesiones mineras mencionadas en los incisos anteriores;
d) Las plantas de concentración, volatilización, fundición, refinación, plantas hidroeléctricas y otras de su propiedad; y
e) El Cerro Rico de Potosí, sus bocaminas, desmontes, colas, escorias, relaves, pallacos y terrenos francos del mismo, respetando derechos preconstituidos.

ARTÍCULO 92º. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, los grupos mineros nacionalizados no caducan ni pueden ser transferidos o adjudicados en propiedad a personas privadas individuales o colectivas y están exentos del pago de patentes mineras.

La Corporación Minera de Bolivia puede realizar actos de disposición respecto de aquellas concesiones mineras que no hubieren sido objeto de la nacionalización. Dichas concesiones mineras están sometidas a las normas del presente Código.

ARTÍCULO 93º. Decláranse con título perfecto las concesiones mineras con titulo ejecutorial obtenidas o adquiridas por la Corporación Minera de Bolivia, a cualquier titulo con posterioridad al 31 de octubre de 1952, hasta la fecha de publicación del presente Código.

ARTÍCULO 94º. La Corporación Minera de Bolivia transferirá mediante licitación pública internacional las concesiones mineras a que se refiere el artículo anterior que no estén sujetas a contratos de riesgo compartido o arrendamiento a la fecha de publicación del presente Código.

ARTÍCULO 95º. Si la licitación pública internacional, convocada por segunda vez, fuera declarada desierta, las concesiones mineras materia de la licitación revertirán por imperio de la ley al dominio originario del Estado.

TITULO VIII

DEL IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA MINERIA

CAPITULO I

DE LOS SUJETOS

ARTÍCULO 96º.
Quienes realicen las actividades mineras indicadas en el articulo 25o del presente Código, están sujetos a los impuestos establecidos con carácter general y pagarán el Impuesto Complementario de la Minería conforme a lo establecido en el presente título.

La manufactura de minerales y metales no está alcanzada por el Impuesto Complementario de la Minería.

CAPITULO II

DE LA BASE IMPONIBLE Y LA ALÍCUOTA

ARTÍCULO 97º
. La base imponible del Impuesto Complementario de la Minería es el valor bruto de venta. Se entiende por valor bruto de venta el monto que resulte de multiplicar el peso del contenido fino del mineral o metal por su cotización oficial en dólares corrientes de los Estados Unidos de América.

La cotización oficial es el promedio aritmético quincenal determinado por el Poder Ejecutivo a base de la menor de las cotizaciones diarias por transacciones al contado registrada en una bolsa internacional de metales o en publicaciones especializadas de reconocido prestigio internacional, según reglamento.

A falta de cotización oficial para algún mineral o metal, el valor bruto de venta se establecerá según el procedimiento que establezca el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo.

ARTÍCULO 98º. La alícuota del Impuesto Complementario de la Minería se determina de acuerdo con las siguientes escalas:

·  Para el oro en estado natural, amalgama, preconcentrados, concentrados, precipitados, bullón o barra fundida y lingote refinado:
Cotización oficial del oro ALÍCUOTA (%)
por onza - troy (CO)
(En dólares americanos)
mayor a 700.00 7
desde 400.00 hasta 700.00 0.01(CO)
menor a 400.00 4

·  Para la plata en concentrado de plata, precipitados, bullón o barra fundida y lingote refinado:
Cotización oficial de la plata ALÍCUOTA(%)
por onza - troy (CO)

(En dólares americanos) libra fina (CO)
(En dólares americanos)
mayor a 0.94 5
desde 0.475 hasta 0.94 8.43(CO) -3
menor a 0.475 1
Esta escala se aplica tanto al zinc como a la plata para la determinación de la correspondiente alícuota para cada metal contenido en concentrados de zinc - plata.

·  Para el plomo y la plata en concentrado de plomo:
Cotización oficial del plomo ALÍCUOTA(%)
por libra fina (CO)
(En dólares americanos)
mayor a 0.60 5
desde 0 30 hasta 0.60 13.4(CO) -3
menor a 0.30 1
Esta escala se aplica tanto al plomo como a la plata para la determinación de la correspondiente alícuota para cada metal contenido en concentrados de plomo - plata.

·  Para el estaño:
Cotización oficial del estaño ALÍCUOTA(%)
por libra fina (CO)
(En dólares americanos)
mayor a 5.00 5
desde 2.50 hasta 5.00 1 6(CO) -3
menor a 2.50 1
Para el resto de los minerales o metales el Poder Ejecutivo establecerá la alícuota del Impuesto Complementan o de la Minería mediante una escala variable en función a sus cotizaciones internacionales. Dicha alícuota fluctuará entre el 3% (TRES POR CIENTO) y el (SEIS POR CIENTO) para las piedras y metales preciosos y entre el 1% (UNO POR CIENTO) y el 5% (CINCO POR CIENTO) para otros minerales metálicos o no metálicos.

En las ventas de minerales y metales en el mercado interno se aplicarán el 60% (SESENTA POR CIENTO) de las alícuotas establecidas precedentemente.

Las escalas de cotizaciones para la determinación de la alícuota del impuesto Complementario de la Minería se ajustarán anualmente a partir de la gestión 1998, por un factor de corrección equivalente al 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de la tasa de inflación anual de los Estados Unidos de América correspondiente a la gestión precedente.

CAPÍTULO III

DE LA LIQUIDACION Y PAGO


ARTÍCULO 99º.
El Impuesto Complementario de la Minería se liquidará aplicando la alícuota determinada conforme a lo establecido en el articulo precedente sobre la base imponible definida en el artículo 97o de la presente ley, en cada operación de venta o exportación realizada. Cada liquidación así determinada se asentará en un libro llamado Ventas Brutas - Control ICM. Asimismo, el comprador de minerales o metales descontará el Importe del Impuesto Complementario de la Minería liquidado por sus proveedores que se asentará en un libro llamado COMPRAS - CONTROL ICM, según reglamento.

Al cierre de cada gestión fiscal, el sujeto pasivo consolidará el importe total del Impuesto Complementario de la Minería resultante de la suma de las liquidaciones de este impuesto practicadas durante la gestión fiscal vencida conforme a lo establecido en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 100º. El monto efectivamente pagado por concepto del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas será acreditable contra el Impuesto Complementario de la Minería en la misma gestión fiscal.

En caso de existir una diferencia debido a que el importe del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas efectivamente pagado es mayor al Impuesto Complementario de la Minería, esta diferencia se consolidará en favor del fisco. Por el contrario, si el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas efectivamente pagado es menor que el Impuesto Complementario de la Minería, el sujeto pasivo pagará la diferencia como Impuesto Complementario de la Minería.

ARTÍCULO 101º. En cada operación de venta o exportación realizada los sujetos pasivos del Impuesto Complementario de la Minería pagarán anticipos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, en importes equivalentes a los montos liquidados según lo establecido en el artículo 98o del presente Código.

Los compradores de minerales y metales serán agentes de retención de los anticipos que les correspondan a sus proveedores y pagarán los anticipos retenidos al momento de la exportación junto con su propio anticipo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.

En caso de venta de minerales o metales en el mercado interno, el vendedor traspasará al comprador junto con su anticipo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas los montos retenidos a sus proveedores por el mismo concepto Para computar el importe del anticipo que le corresponda, el sujeto pasivo deducirá el monto de los anticipos retenidos según reglamento.

Si al final de la gestión el monto total pagado por concepto de dichos anticipos fuere menor al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas liquidado, los sujetos pasivos pagarán la correspondiente diferencia al momento de la presentación de la respectiva declaración jurada. Por el contrario si el monto total de los anticipos pagados fuere mayor al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas liquidado, la diferencia se computará como crédito fiscal en favor del contribuyente, pudiendo utilizarse para el pago del Impuesto Complementario de la Minería de la misma gestión o del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la siguiente gestión fiscal a su elección.

Las empresas que manufacturen productos a ,base de minerales o metales empozarán los anticipos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas retenidos a sus proveedores en la forma y plazos que establezca el reglamento. El Poder Ejecutivo podrá, liberar a dichas empresas de la obligación de retener a sus proveedores los anticipos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas según el tipo de mineral o metal empleado en sus actividades de manufactura.

ARTÍCULO 102º. Un importe equivalente al Impuesto Complementario de la Minería se destina en su integridad a los departamentos productores de minerales o metales, por concepto de regalía minera departamental. A tal efecto, simultáneamente a su recaudación, el importe de los anticipos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas se transferirá automáticamente a las cuentas corrientes fiscales de las prefecturas.

Cuando los sujetos pasivos de este impuesto produzcan minerales o metales originados en varios departamentos productores, dichos importes se distribuirán entre ellos en la proporción que corresponda a la producción departamental del contribuyente.

LIBRO SEGUNDO

NORMAS ADJETIVAS

TITULO I

DE LA JURISDICCION EN MATERIA MINERA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 103º.
El conocimiento y resolución de las actuaciones concernientes a la obtención, oposición, amparo, nulidad, expropiación, servidumbre y renuncia de concesiones mineras, corresponden a la jurisdicción administrativa minera.

ARTÍCULO 104º. Las funciones, forma de designación, suplencias, incompatibilidades y demás aspectos relativos al ejercicio de la jurisdicción administrativa minera se rigen por las normas del presente Código.

ARTÍCULO 105º. En la sustanciación de los procedimientos y acciones mineras en la vía administrativa o jurisdiccional según corresponda, se aplicarán con preferencia las normas del presente Código como ley especial y, complementaria y supletoriamente, las normas del derecho común. Los plazos que se originen en las actuaciones procedimentales publicadas en la Gaceta Minera se computarán desde el día de su publicación.

ARTÍCULO 106º. Las controversias entre concesionarios con títulos ejecutoriales sobre mejor derecho a la concesión minera, se resuelven en la jurisdicción ordinaria.

CAPITULO II

DEL SUPERINTENDENTE GENERAL DE MINAS

ARTÍCULO 107.
El Superintendente General de Minas es la máxima autoridad de la jurisdicción administrativa minera. La sede de sus funciones es la ciudad de La Paz y su competencia se extiende a todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 108º. Para ser Superintendente General de Minas, se requiere ser boliviano de origen, haber ejercido durante diez años la judicatura o la profesión de abogado.

ARTÍCULO 109º. No podrá ser nombrado Superintendente General de Minas

a) El que tuviese auto final de instrucción ejecutoriado que disponga procesamiento penal o resolución administrativa ejecutoriada por la que se le atribuya responsabilidad administrativa o civil conforme a ley;
b) El que hubiese sido condenado a pena privativa de libertad por la comisión de delitos dolosos, hasta tres años después de cumplida la condena impuesta; y
c) El que estuviese comprendido en los casos de exclusión o incompatibilidad establecidos por el presente Código.

ARTÍCULO 110º. El Superintendente General de Minas será designado por el Presidente de la República, de terna propuesta por dos tercios de los miembros presentes de la Cámara de Senadores y desempeñará sus funciones por un período de siete años, no pudiendo ser reelegido sino pasado un tiempo igual al que hubiese ejercido su mandato.

ARTÍCULO 111º. El Superintendente General de Minas tiene las siguientes atribuciones:

a) Conocer y resolver, de manera fundamentada y en última instancia administrativa, los recursos jerárquicos planteados contra las resoluciones de las Superintendencias de Minas;
b) Velar por la correcta y pronta aplicación de la jurisdicción administrativa minera en todas las Superintendencias de Minas, adoptando las medidas disciplinarias correspondientes;
c) Conocer y resolver las recusaciones que se interpusieran contra los superintendentes de minas, así como los conflictos de competencia que se suscitaren entre ellos;
d) Designar a los funcionarios dependientes de la Superintendencia General de Minas, así como a los Secretarios de las Superintendencias de Minas;
e) Remover en la vía disciplinaria a los funcionarios a que se refiere el inciso anterior por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, previo proceso administrativo.

ARTÍCULO 112º. En caso de muerte, impedimento, excusa o recusación, el Superintendente General de Minas será reemplazado por el Superintendente de Minas de La Paz. Si la controversia elevada en apelación tuviera origen en la Superintendencia de Minas de La Paz, el Superintendente General de Minas impedido será reemplazado por el Superintendente de Minas de Oruro, hasta que se designe al titular o cese el impedimento.

ARTÍCULO 113º. El Superintendente General de Minas ejercerá sus funciones a tiempo completo y dedicación exclusiva, con excepción del ejercicio de la docencia universitaria. Será suspendido de sus funciones únicamente en los casos que determina el inciso a) del articulo 109 del presente Código y se restituirá en sus funciones si descarga su responsabilidad. Podrá ser destituido únicamente en virtud de sentencia ejecutoriada por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y gozará de caso de corte, de acuerdo al inciso 6) del articulo 118 de la Constitución Política del Estado, o por los casos previstos en el inciso c) del articulo 109 del presente Código, debidamente comprobados.

CAPITULO III

DE LOS SUPERINTENDENTES DE MINAS

ARTÍCULO 114º.
En los lugares y con la jurisdicción que determine el Poder Ejecutivo, habrá un Superintendente de
minas.

Para ser Superintendente de Minas se requiere ser boliviano de origen y haber ejercido la abogacía o la judicatura por lo menos cinco años

ARTÍCULO 115º. Lo establecido en los incisos a), b) y c) del articulo 109 del presente Código serán aplicables a los superintendentes de minas.

ARTÍCULO 116º. Los superintendentes de minas serán designados por un período de cinco años por el Presidente de la República de ternas propuestas por dos tercios de voto de los miembros presentes de la Cámara de Senadores y no podrán ser reelegidos sino pasado un tiempo igual al del ejercicio de su mandato.

ARTÍCULO 117º. Son atribuciones de los superintendentes de minas:

a) Otorgar, en representación del Estado, concesiones mineras,
b) Resolver, en la vía administrativa, los casos de oposición, amparo, nulidad, expropiación, servidumbre y renuncia de concesiones mineras,
c) Conocer y resolver de manera fundamentada, en primera instancia los recursos de revocatoria que se interpusieran contra sus resoluciones.

ARTÍCULO 118º. En los casos de acefalía., impedimento temporal, excusa, recusación o pérdida de competencia de un Superintendente de Minas, éste será suplido por el Superintendente de Minas de la jurisdicción más próxima

ARTÍCULO 119º. En cada Superintendencia de Minas habrá un secretario abogado, uno o más auxiliares y un oficial de diligencias.

Para ser secretario se requiere ser boliviano de origen y abogado en ejercicio de la profesión.

ARTÍCULO 120º. Los secretarios de las superintendencias de minas tendrán las siguientes obligaciones:

a) Autenticar las resoluciones y providencias de los superintendentes de minas;
b) Expedir los informes ordenados por los superintendentes de minas,
c) Custodiar los expedientes a su cargo; y
d) Otras que les asigne el Superintendente de Minas.

ARTÍCULO 121º. Los secretarios de las superintendencias de minas llevarán los siguientes libros:

a) Registro de cargos de peticiones de concesiones mineras;
b) Registro de renuncia de concesiones;
c) Solicitudes de amparo administrativo minero;
d) Despacho diario de memoriales;
e) Registro de resoluciones que causen estado con transcripción íntegra y textual de las mismas; y
1) Otros libros que fueren necesarios.

CAPITULO IV
DEL SERVICIO TECNICO DE MINAS

ARTÍCULO 122º.
Créase el Servicio Técnico de Minas, en substitución del Servicio Nacional de Catastro Minero creado por la Ley Nº 1243 de 11 de abril de 1991, cuyo domicilio principal será la ciudad de La Paz y pudiendo establecer oficinas regionales según sus necesidades, con las siguientes atribuciones:

a) Trazar el cuadriculado minero nacional con coordenadas en la Proyección Universal y Transversa de Mercator (UTM), con tecnología satelital referida al Sistema Geodésico Mundial WGS-84 a escala 1:50.000 y 1:100.000;
b) Informar como organismo técnico en todos los trámites y contenciones mineras;
c) Mantener a nivel nacional una base informática de datos y un archivo físico y computarizado de toda la documentación minera;
d) Llevar el registro anualmente actualizado de las concesiones mineras otorgadas por cuadrícula y de las preconstituidas a la vigencia del presente Código;
e) Organizar y mantener el Registro Minero en el cual deberán inscribirse obligatoriamente todos los actos y contratos mineros;
f) Otorgar certificaciones sobre las concesiones mineras y contratos mineros bajo su registro;
g) Levantar el catastro minero nacional de las concesiones mineras preconstituidas y de las que se encontraren en trámite, manteniendo al día los planos catastrales;
h) Controlar el pago de patentes mineras;




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Decreto Supremo No. 24773 - Regimenes concesiones de tierras fiscales para fines de conservación y protección de la Biodiversidad, investigación y ecoturismo.
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Decreto Supremo No. 24774 - Reglamento para la conservación y aprovechamiento del lagarto
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Decreto Supremo No. 26171
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Decreto Supremo No. 26556 - Ley Nº 2274
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Decreto Supremo No. 26732 - Plan de uso de suelos
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Directríz Técnica de superintendencia Forestal - ITE 08/98
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Instructivo IOP – 007/2001- Ley Nº 2122
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Ley 1257
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Ley 1328 - Reserva nacional de Flora y Fauna "Tariquia"
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Ley 1333 - Ley del Medio Ambiente
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Ley 1689
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Ley 1700
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Ley 1715. Parte 1
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Ley 1715. Parte 2
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