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Fecha de Publicación: 5/1/2006
Bolivia

Ley 1715. Parte 1


LEY Nº 1715
del 18 de octubre de 1996
Servicio Nacional de Reforma Agraria

TITULO I
SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º (Objeto)

La presente ley tiene por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A.) y el régimen de distribución de tierras; garantizar el derecho propietario sobre la tierra; crear la Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria.

ARTICULO 2º (Función Económico-Social)

I.
El solar campesino, la pequeña propiedad, la propiedad comunaria y las tierras comunitarias de origen cumplen una función social cuando están destinadas a lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus propietarios, pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra.

II. La función económico-social en materia agraria, establecida por el artículo 169º de la Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.

ARTICULO 3º (Garantías Constitucionales)

I.
Se reconoce y garantiza la propiedad agraria privada en favor de personas naturales o jurídicas, para que ejerciten su derecho de acuerdo con la Constitución Política del Estado, en las condiciones establecidas por las leyes agrarias y de acuerdo a leyes.

II. Se garantiza la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, las propiedades comunarias, cooperativas y otras formas de propiedad privada. El Estado no reconoce el latifundio.

III. Se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus implicaciones econó­micas, sociales y culturales, y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, de conformidad con lo previsto en el artículo 171º de la Constitución Política del Estado. La denominación de tierras comunitarias de origen comprende el concepto de territorio indígena, de conformidad a la definición establecida en la parte II del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991.

Los títulos de tierras comunitarias de origen otorgan en favor de los pueblos y comunidades indígenas y originarias la propiedad colectiva sobre sus tierras, reconociéndoles el derecho a participar del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables existentes en ellas.

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en tierras comunitarias de origen se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y en las normas especiales que los regulan.

Las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente no serán revertidas; enajenadas, gravadas, embargadas, ni adquiridas por prescripción. La distribución y redistribución para el uso y aprovechamiento individual y familiar al interior de las tierras comunitarias de origen y comunales tituladas colectivamente se regirá por las reglas de la comunidad, de acuerdo a sus normas y costumbres.

En la aplicación de las leyes agrarias y sus reglamentos, en relación a los pueblos indígenas y originarios, deberá considerarse sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean incompatibles con el sistema jurídico nacional.

IV. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria, reconocidas por la Constitución Política del Estado y la ley, gozan de la protección del Estado, en tanto cumplan una función económico-social y no sean abandonadas, conforme a las previsiones de esta ley. Cumplidas estas condiciones, el Estado garantiza plenamente el ejercicio del derecho propietario, en concordancia con lo establecido en el parágrafo I del presente artículo.

V. El Servicio Nacional de Reforma Agraria, en concor­dancia con el artículo 6º de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, independientemente de su estado civil.

ARTICULO 4º (Base Imponible y Exenciones)

I.
La Base Imponible para la liquidación del impuesto que grava la propiedad inmueble agraria será la que establezca el propietario de acuerdo al valor que éste atribuya a su inmueble. En lo demás, se aplicarán las normas comunes de dicho impuesto. El propietario no podrá modificar el valor declarado después de los noventa (90) días, del vencimiento del plazo legalmente establecido con carácter general para la declaración y pago del impuesto.

II. A los fines previstos en el Capítulo II del Título IV de esta ley, las entidades recaudadoras del impuesto refe­rido en el parágrafo precedente, remitirán periódi­camente a conocimiento del Instituto Nacional de Refor­ma Agraria información, en medios físicos o magné­ticos, relativa a las liquidaciones y pago del impuesto.

III. El solar campesino, la pequeña propiedad y los inmuebles de propiedad de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias, están exentos del pago del impuesto que grava la propiedad inmueble agraria, de acuerdo a lo que dispongan las normas tributarias en vigencia.


TITULO II
MARCO INSTITUCIONAL

CAPITULO I
DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA


ARTICULO 5ºA
(Servicio Nacional de Reforma Agraria)

El Servicio Nacional de Reforma Agraria es el organismo responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país.

ARTICULO 6º (Estructura Orgánica)
La estructura orgánica del Servicio Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A.), es la siguiente:

1. El Presidente de la República;
2. El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Am­biente;
3. La Comisión Agraria Nacional; y,
4. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).


SECCION I
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ARTICULO 7
º (Autoridad Máxima)

El Presidente de la República es la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria, de conformidad con el artículo 96º atribución 24 de la Constitución Política del Estado.

ARTICULO 8º (Atribuciones)

I. Son atribuciones del Presidente de la República, como autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria:

1. Considerar, aprobar y supervisar la formulación, ejecución y cumplimiento de las políticas de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras;
2. Otorgar títulos ejecutoriales de propiedad sobre tierras agrarias y tierras comunitarias de origen;
3. Designar y destituir a las autoridades agrarias, conforme a las previsiones de esta ley, con excepción de las que integran la judicatura agraria;
4. Dictar resoluciones supremas como emergencia del proceso de saneamiento de la propiedad agraria, de acuerdo con esta ley; y
5. Otras que le señale la ley.

II. Los títulos ejecutoriales serán otorgados por el Pre­sidente de la República y refrendados por el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

El Presidente de la República, sin perder competencia y en ejercicio del principio de imputación funcional, podrá encomendar a los Prefectos de Departamento la otor­gación de los títulos ejecutoriales, en cuyo caso, se refrendarán por los Directores Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Sin perjuicio de ello, el Presidente podrá otorgar títulos ejecutoriales directamente en favor de beneficiarios que así lo soliciten.


SECCION II
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

ARTICULO 9º
(Atribuciones)

I. El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Am­biente, en materia agraria tiene las siguientes atri­buciones:

1. Ejercer tuición sobre el Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria;
2. Clasificar las tierras según su capacidad de uso mayor, elaborar las directrices generales que deberán cumplir los gobiernos municipales para la apro­bación de los planes de uso del suelo y promover la homologación de las ordenanzas municipales que los aprueben, mediante resolución suprema;
3. Aprobar las actividades de conservación, protección de la biodiversidad, investigación o ecoturismo, en tierras privadas, previa solicitud expresa formulada por su propietario, estableciendo los procedimientos administrativos al efecto;
4. Evaluar y programar el uso del recurso natural tierra y la aplicación de tecnologías apropiadas, emitiendo normas que los regulen, en el marco del manejo integral de cuencas y el desarrollo sostenible;
5. Solicitar la expropiación de tierras para conservación y protección de la biodiversidad y pagar el monto a indemnizar por tal concepto.
6. Conocer y resolver los recursos que le correspondan en sede administrativa.

II. El Ministerio de Desarrollo Económico cumplirá sus atribuciones de promover la inversión, producción, productividad agropecuaria y el ecoturismo, en el marco de las estrategias, políticas y normas que establezca el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente como órgano rector del desarrollo sostenible.


SECCION III
DE LA COMISIÓN AGRARIA NACIONAL

ARTICULO 10º
(Comisión Agraria Nacional)

La Comisión Agraria Nacional (C.A.N.) es el órgano responsable de proyectar y proponer políticas agrarias de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, cualquiera sea su condición o uso, para elevarlas a consideración de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria.

ARTICULO 11º (Composición)

I. La Comisión Agraria Nacional (C.A.N.) está compuesta por:

1. El Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en calidad de Presidente;
2. El Secretario Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente;
3. El Secretario Nacional de Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales;
4. El Secretario Nacional de Agricultura y Ganadería;
5. El Presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO);
6. El Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (C.S.U.T.C.B.);
7. El Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (C.S.C.B.);
8. El Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (C.I.D.O.B.).

II. El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria ejercerá las funciones de Secretario Permanente de la Comisión Agraria Nacional, únicamente con derecho a voz.


ARTICULO 12º (Suplencia)

En caso de impedimento de alguno de sus miembros, la Comisión Agraria Nacional aceptará la respectiva suplencia, previa acreditación escrita.

ARTICULO 13º (Atribuciones)

La Comisión Agraria Nacional tiene las siguientes atri­buciones:

1. Evaluar la evolución del proceso de Reforma Agraria, proponiendo a la autoridad máxima del Servicio Nacio­nal de Reforma Agraria las medidas aconsejables para mejorarlo, en el marco de la ley;
2. Controlar y supervisar la ejecución de políticas agrarias sobre distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, cualesquiera sea su condición o uso;
3. Recomendar criterios económico-sociales de aplicación general para la adjudicación de tierras en concursos públicos calificados;
4. Representar ante la máxima autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria los actos y resoluciones del Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, contrarios a la legislación vigente;
5. Proponer políticas para la formulación y ejecución de proyectos y programas de asentamientos humanos comunarios;
6. Velar por el tratamiento integral de la tierra, promo­viendo el reconocimiento, la garantía y protección de los derechos que los pueblos y comunidades indígenas y originarias poseen sobre sus tierras comunitarias de origen, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables;
7. Proyectar y proponer disposiciones legales en materia agraria, para someterlas a consideración de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria;
8. Ejercer control social sobre el abandono de la tierra y el incumplimiento de la función económico-social en fundos agrarios, solicitando a las instancias competentes la reversión o expropiación de tierras, de acuerdo a las causales previstas en esta ley;
9. Recibir y canalizar peticiones, reclamaciones y suge­rencias de las organizaciones nacionales, departa­mentales y regionales que integran el sector agrario;
10. Coordinar y concertar con instituciones públicas o privadas, nacionales o departamentales, afines a la actividad agraria, en el marco de su competencia;
11. Solicitar la suspensión o exoneración de autoridades agrarias por irregularidades o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones;
12. Supervisar y coordinar el funcionamiento de las comi­siones agrarias departamentales; y,
13. Otras que le asigne esta ley.

ARTICULO 14º (Quórum y Decisiones)

I. La Comisión Agraria Nacional sesionará válidamente con la asistencia de seis (6) de sus miembros, previa convocatoria efectuada por su Presidente, por lo menos con siete (7) días de anticipación o, con la presencia de la totalidad de sus miembros, en cualquier momento, sin necesidad de convocatoria.

II. Las decisiones de la Comisión Agraria Nacional se adoptarán en base al principio de concertación; sin embargo, si no se lograra la aplicación de este principio, sus recomendaciones se someterán a consideración de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria.

ARTICULO 15º (Comisiones Agrarias Departamentales)

I. En cada uno de los departamentos se constituye una comisión agraria departamental, cuya composición será similar a la nacional, de acuerdo a las características y necesidades de cada región; en función a la estructura departamental descentralizada del Poder Ejecutivo, y de las organizaciones sectoriales o afines de mayor representatividad.

II. El Quórum y las decisiones de las comisiones agrarias departamentales se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 14º de esta ley. Sus resoluciones podrán ser revisadas por la Comisión Agraria Nacional.

ARTICULO 16º (Atribuciones)
Las Comisiones Agrarias Departamentales tienen las siguientes atribuciones:
1. Supervisar la ejecución de las políticas de tierras cualesquiera sea su condición o uso, en su departamento;
2. Dictaminar sobre las áreas y superficies que proponga distribuir el Instituto Nacional de Reforma Agraria, por dotación o adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a las necesidades socio-económicas del departamento;
3. Dictaminar sobre las áreas a catastrar que proponga el Instituto Nacional de Reforma Agraria;
4. Ejercer control social sobre el abandono de la tierra y el incumplimiento de la función económico-social en fundos agrarios, solicitando a las instancias competentes la reversión o expropiación de tierras de acuerdo a las causales previstas en esta ley;
5. Conocer y canalizar las peticiones, reclamaciones y sugerencias de organizaciones departamentales y regionales que integran el sector agrario;
6. Coordinar y concertar a nivel departamental y regional con otras instituciones públicas o privadas afines a la actividad agraria, en el marco de su competencia;
7. Proponer ternas al Director Nacional para la designación de los directores departamentales; y a éstos para la designación de Jefes Regionales, solicitar la suspensión o exoneración de autoridades agrarias departamentales y regionales por irregularidades o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; y
8. Efectuar, en su departamento, el seguimiento al proceso de saneamiento técnico-jurídico de la propiedad agraria descrito en el título V de esta ley.


SECCION IV
DEL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

ARTICULO 17º
(Instituto Nacional de Reforma Agraria)

I. Créase el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como entidad pública descentralizada del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio.

II. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es el órgano técnico-ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria.

ARTICULO 18º (Atribuciones)

El Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene las siguientes atribuciones:

1. Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, priorizando a los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra;
2. Proponer, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los programas de asentamientos humanos comunarios, con pobladores nacionales;
3. Emitir y distribuir títulos, en nombre de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria, sobre tierras fiscales incluyendo las expropiadas o revertidas a dominio de la Nación, tomando en cuenta la vocación de uso del suelo establecida en normas legales correspondientes;
4. Emitir disposiciones técnicas para la ejecución del catastro rústico legal de la propiedad agraria, coordinar su ejecución con los municipios y otras entidades públicas o privadas;
5. Determinar la ubicación y extensión de las tierras fiscales disponibles, de las tierras comunitarias de origen, de las áreas clasificadas por normas legales y de la propiedad agraria en general;
6. Expropiar fundos agrarios, de oficio por la causal de reagrupamiento y redistribución, o a denuncia de la Superintendencia Agraria, por incumplimiento de la función económico- social, en los términos establecidos en esta ley;
7. Revertir tierras de oficio o a denuncia de las entidades recaudadoras o beneficiarias de impuestos, de las comisiones agrarias departamentales y de la Comisión Agraria Nacional, por la causal de abandono establecida en esta ley;
8. Determinar y aprobar las áreas y superficies a distribuir por dotación o adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a las necesidades socio-económicas del país, previo dictamen de las comisiones agrarias departamentales;
9. Promover la conciliación de conflictos emergentes de la posesión y del derecho de propiedad agraria;
10. Actualizar y mantener un registro sobre tierras distribuidas, sus beneficiarios y la disponibilidad de tierras fiscales. Esta información tendrá carácter público;
11. Coordinar sus actividades con las entidades públicas y privadas encargadas de dotar de infraestructura, de servicios básicos y de asistencia técnica a zonas de asentamientos humanos;
12. Certificar derechos existentes en tierras fiscales destinadas a la conservación, investigación, ecoturismo y aprovechamiento forestal; y
13. Otras que le asigne esta ley y su reglamento.

ARTICULO 19º (Estructura Orgánica)
El Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene la siguiente estructura orgánica:
1. La Dirección Nacional;
2. Las Direcciones Departamentales; y,
3. Las Jefaturas Regionales.

ARTICULO 20º (Dirección Nacional)

I. La Dirección Nacional, como máximo nivel de autoridad institucional, es el órgano ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

II. El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria será designado por el Presidente de la República, de terna aprobada por la Honorable Cámara de Diputados por dos tercios de votos de sus miembros presentes. Desempeñará sus funciones por un período personal e improrrogable de cinco (5) años, no pudiendo ser reelegido sino después de un período igual al ejercido. Sus atribuciones serán establecidas en el reglamento a esta ley.

III. Para ser Director Nacional se requiere:

1. Ser boliviano y ciudadano en ejercicio;
2. Tener grado académico a nivel de licenciatura con título en provisión nacional, haber ejercido su profesión con idoneidad durante cinco (5) años y tener experiencia en materia agraria; y,
3. No estar comprendido en las causales de incom­patibilidad que señala la ley.

IV. Las resoluciones del Director Nacional admiten recurso de revocatoria ante la misma autoridad y recurso jerárquico ante el Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

ARTICULO 21º (Direcciones Departamentales)

I. Las direcciones departamentales son unidades descon­centradas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y realizarán sus actividades en coordinación con el órgano central. Sus atribuciones serán establecidas en el reglamento de esta ley.

II. Los directores departamentales serán designados por el Director Nacional, de ternas propuestas por las comisiones agrarias departamentales.

III. Para ser Director Departamental se requiere cumplir los requisitos establecidos para el Director Nacional.

IV. Las resoluciones de los directores departamentales podrán ser impugnadas en sede administrativa. Agotada la sede administrativa podrán ser impugnadas mediante proceso contencioso-administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días perentorios computables desde la notificación con la resolución que agote la sede administrativa.

ARTICULO 22º (Jefaturas Regionales)

I. Conforme a las necesidades, en una o en varias provincias agrupadas en regiones, funcionarán jefaturas regionales, dependientes de las direcciones departa­mentales correspondientes. Sus atribuciones serán establecidas en el reglamento de esta ley.

II. Los Jefes Regionales serán designados por el Director Departamental.

III. Para ser designado Jefe Regional se requiere:

1. Ser boliviano y ciudadano en ejercicio;
2. Tener formación técnica y experiencia en materia agraria; y,
3. No estar comprendido en las causales de incompatibilidad que señala la ley.

ARTICULO 23º (Régimen Financiero)

Son fuentes de financiamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria:

1. Asignación presupuestaria del Tesoro General de la Nación;
2. Ingresos propios; y,
3. Otros que obtenga por donaciones, legados o em­préstitos.


CAPITULO II
DE LA SUPERINTENDENCIA AGRARIA

ARTICULO 24º
(Superintendencia Agraria)

Créase la Superintendencia Agraria como entidad pública autárquica, con jurisdicción nacional, integrada al Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE), cuya autoridad máxima es el Superintendente Agrario. Se aplicarán las disposiciones contenidas en el Título II de la Ley 1600 de 28 de octubre de 1994.

ARTICULO 25º (Requisitos y Designación)

Son aplicables al Superintendente Agrario las disposiciones sobre nombramiento, remoción, estabilidad, requisitos, prohibiciones y otras establecidas en la Ley 1600 de 28 de octubre de 1994. El Superintendente Agrario será nombrado por un período personal e improrrogable de seis (6) años, pudiendo ser reelegido después de un período igual al ejercido.

El Superintendente Agrario deberá informar a la Contraloría General de la República, al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en los términos establecidos por el parágrafo II del artículo 22º de la Ley 1700 de 12 de julio de 1996.

ARTICULO 26º (Atribuciones)

La Superintendencia Agraria tiene las siguientes atribuciones:

1. Regular y controlar, en aplicación de las normas legales correspondientes, el uso y gestión del recurso tierra en armonía con los recursos agua, flora y fauna, bajo los principios del desarrollo sostenible;
2. Instar al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente a elaborar y dictar normas y políticas sobre el uso de las tierras, y clasificarlas según su capacidad de uso mayor, y requerir al Instituto Nacional de Reforma Agraria y a las entidades competentes, el estricto cumplimiento de las atribuciones que en materia agraria les confiere esta ley y otras disposiciones legales en vigencia;
3. Otorgar concesiones de tierras fiscales para la conservación y protección de la biodiversidad, investigación y ecoturismo, previa certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria acerca de los derechos de propiedad existentes en las áreas de concesión; modificarlas, revocarlas, caducarlas y fijar patentes por este concepto;
4. Denunciar la expropiación de tierras, de oficio o a solicitud de las comisiones agrarias departamentales y la Comisión Agraria Nacional por incumplimiento de la función económico-social y, a solicitud del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, por la causal de utilidad pública de conservación y protección de la biodiversidad, y coadyuvar en su tramitación;
5. Crear y mantener actualizado un registro informático acerca del uso actual y potencial del suelo. Esta información tendrá carácter público;
6. Ejercer facultades de inspección para fiscalizar el uso adecuado y sostenible de la tierra;
7. Disponer medidas precautorias necesarias para evitar el aprovechamiento de la tierra y sus recursos en forma contraria a su capacidad de uso mayor y aplicar sanciones administrativas establecidas en disposiciones legales vigentes y en los contratos de concesión que otorgue;
8. Delegar, bajo su responsabilidad, las funciones que estime pertinentes a instancias departamentales o locales;
9. Determinar el monto a pagar por adjudicaciones simples, en los casos y términos previstos en esta ley;
10. Fijar el valor de mercado de tierras o sus mejoras, según sea el caso, para el pago de la justa indemnización emergente de la expropiación, cuando no se cuente con las declaraciones juradas del impuesto que grava la propiedad inmueble, en los casos previstos en el parágrafo III del artículo 4º de esta ley;
11. Proyectar y presentar sus reglamentos de administración y control interno, para aprobación por el Superintendente General del Sistema de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE);
12. Conocer y resolver los recursos que correspondan en sede administrativa; y,
13. Otras que le asigne la ley.

ARTICULO 27º (Intendencias Regionales o Funcionales)

I. La Superintendencia Agraria establecerá intendencias regionales o funcionales, tomando en cuenta sus necesidades de desconcentración territorial de funciones y designará a los Intendentes, previa consulta al Superintendente General del SIRENARE.

II. Los Intendentes dictaminarán en los asuntos que le sean encomendados por el Superintendente.

ARTICULO 28º (Recursos y Procedimiento)

Las resoluciones del Superintendente Agrario podrán ser impugnadas mediante recurso de revocatoria ante la misma autoridad con alternativa de recurso jerárquico superior ante el Superintendente General del Sistema de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE). Los recursos se interpondrán en el plazo perentorio de quince (15) días, computables a partir de la notificación con la resolución que se impugna.

La resolución dictada por el Superintendente General puede ser impugnada en proceso contencioso-administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional, en el plazo perentorio de cuarenta y cinco (45) días a contar de la fecha con la que se notificare con aquella.

ARTICULO 29º (Régimen Financiero)

Son fuentes de financiamiento de la Superintendencia Agraria:
1. Un porcentaje de los ingresos tributarios de dominio nacional provenientes del sector agropecuario, que el Poder Ejecutivo fijará anualmente por Resolución Suprema, con base en el presupuesto de la Superinten­dencia Agraria aprobada en la respectiva Ley Financial;
2. Ingresos propios; y,
3. Otros que obtenga por donaciones, legados o em­préstitos.


CAPITULO III
DE LA JUDICATURA AGRARIA

SECCION I
CONSTITUCIÓN

ARTICULO 30º
(Judicatura Agraria)

La Judicatura Agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrarios y otros que le señala la ley.

ARTICULO 31º (Independencia y Unidad Jurisdiccional)

I. La Judicatura Agraria es independiente en el ejercicio de sus funciones y está sometida únicamente a la Constitución Política del Estado y a las leyes.

II. El Poder Judicial en materia agraria se ejerce por la Judicatura Agraria, de conformidad con el principio constitucional de unidad jurisdiccional.

ARTICULO 32º (Composición)
La Judicatura Agraria está compuesta por:
1. El Tribunal Agrario Nacional; y,
2. Los juzgados agrarios, iguales en jerarquía.

ARTICULO 33º (Competencia y Jurisdicción Territorial)

I. El Tribunal Agrario Nacional tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio de la República; los jueces agrarios en una o varias provincias de su distrito judicial.

II. Cada distrito judicial agrario tendrá tantos juzgados, cuantos sean creados por el Tribunal Agrario Nacional, de acuerdo a sus necesidades.

III. La competencia territorial es improrrogable.


SECCION II
DEL TRIBUNAL AGRARIO NACIONAL

ARTICULO 34º
(Composición y Sede)

El Tribunal Agrario Nacional es el más alto tribunal de justicia agraria; está compuesto por siete (7) vocales incluido su Presidente; divididos en dos salas, cada una con tres (3) vocales. El presidente sólo integra sala plena. La sede de sus funciones es la ciudad de Sucre.

ARTICULO 35º (Atribuciones de Sala Plena)

La Sala Plena del Tribunal Agrario Nacional tiene atribuciones para:
1. Dirigir la Judicatura Agraria Nacional;
2. Nombrar al Presidente del Tribunal Agrario Nacional y a los Presidentes de las Salas, por dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros;
3. Designar a los jueces agrarios, de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura, por dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros;
4. Elaborar y proponer el presupuesto anual de la Judi­catura Agraria Nacional;
5. Dirimir las competencias que se susciten entre los jueces agrarios;
6. Ministrar posesión a su Presidente;
7. Conocer en única instancia, las recusaciones inter­puestas contra sus vocales;
8. Designar anualmente conjueces del Tribunal Agrario Nacional, en un número igual al de sus vocales, en la misma forma señalada en la Ley de Organización Ju­dicial y sujetos al régimen prescrito en dicha ley; y,
9. Conocer y resolver todo asunto no atribuido expre­samente a una de sus salas.


ARTICULO 36º (Competencia de las Salas)
Son competencias de las Salas:
1. Actuar como tribunal de casación en las causas elevadas por los jueces agrarios;
2. Conocer y resolver, en única instancia, las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales y de los procesos agrarios que hubieran servido de base para la emisión de los mismos, tramitados ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Reforma Agraria;
3. Conocer procesos contencioso-administrativos;
4. Conocer en única instancia las recusaciones interpuestas contra los jueces agrarios; y,
5. Otros que le señalen las leyes.

ARTICULO 37º (Requisitos para su Designación y Período de Funciones)

I. Para ser vocal del Tribunal Agrario Nacional se requiere:
1. Ser boliviano de origen y ciudadano en ejer­cicio;
2. Tener título de abogado en provisión nacional y haber ejercido con ética e idoneidad durante seis (6) años la profesión de abogado, la judicatura o la cátedra universitaria en la especialidad y contar con experiencia en materia agraria; y,
3. No estar comprendido en los casos de incom­patibilidad establecidos por la Ley de Organización Judicial.

II. Los vocales del Tribunal Agrario Nacional serán elegidos por la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, por dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros, de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura.

III. Los vocales del Tribunal Agrario Nacional desem­peñarán sus funciones por un período de seis (6) años, pudiendo ser reelegidos.


SECCION III
DE LOS JUZGADOS AGRARIOS

ARTICULO 38º
(Composición)

Los juzgados agrarios están compuestos por un juez, un secretario y un oficial de diligencias.

ARTICULO 39º (Competencia)

I. Los jueces agrarios tienen competencia para:
1. Conocer las acciones de afectación de fundos rústi­cos que no hubieran sido sometidos a proceso agrario ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria;
2. Conocer las acciones que denuncien la sobreposición de derechos en fundos rústicos;
3. Conocer las acciones sobre mensura y deslinde de fundos rústicos;
4. Conocer las acciones para el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria, forestal o ecológica;
5. Conocer las acciones para garantizar el ejercicio del derecho de propiedad agraria;
6. Conocer acciones sobre uso y aprovechamiento de aguas;
7. Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de fundos agrarios;
8. Conocer otras acciones reales sobre la propiedad agraria; y,
9. Otros que le señalen las leyes.

II. En casos de vacación, licencia, excusa o impedimento legal de un juez agrario o acefalía del cargo, conocerá de la causa o causas, el juez agrario de la jurisdicción más próxima.

ARTICULO 40º (Requisitos para su Designación y Período de Funciones)

I. Para ser juez agrario se requiere:
1. Haber ejercido la profesión de abogado, con ética e idoneidad durante cuatro (4) años; y,
2. Cumplir los demás requisitos exigidos para ser vocal del Tribunal Agrario Nacional.

II. Los jueces agrarios serán designados por el Tribunal Agrario Nacional, en Sala Plena, por dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros, de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura.

III. Los jueces agrarios desempeñarán sus funciones por un período de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos.


TITULO III
PROPIEDAD AGRARIA Y DISTRIBUCION DE TIERRAS

CAPITULO I
PROPIEDAD AGRARIA

ARTICULO 41º
(Clasificación y Extensiones de la Propiedad Agraria)

I. La propiedad agraria se clasifica en: Solar Campesino, Pequeña Propiedad, Mediana Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de Origen y Propiedades Comunarias.

1. El Solar Campesino constituye el lugar de residencia del campesino y su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable;
2. La Pequeña Propiedad es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable;
3. La Mediana Propiedad es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con el concurso de su propietario, de trabajadores asalariados, eventuales o permanentes y empleando medios técnico-mecánicos, de tal manera que su volumen principal de producción se destine al mercado. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil;
4. La Empresa Agropecuaria es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con capital suplementario, régimen de trabajo asalariado y empleo de medios técnicos modernos. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil;
5. Las Tierras Comunitarias de Origen son los espacios geográficos que constituyen el habitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles; y, 6. Las Propiedades Comunarias son aquellas tituladas colectivamente a comunidades campesinas y ex haciendas y constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, inembargables e impres­criptibles.

II. Las características y, si fuere el caso, las extensiones de la propiedad agraria, sin afectar el derecho propietario de sus titulares, serán objeto de reglamentación especial considerando las zonas agroecológicas, la capacidad de uso mayor de la tierra y su productividad, en armonía con los planes y estrategias de conservación y protección de la biodiversidad, manejo de cuencas, ordenamiento territorial y desarrollo económico.

CAPITULO II
DISTRIBUCION DE TIERRAS

ARTICULO 42º (Modalidades de Distribución)

I.
Las tierras fiscales serán dotadas comunitariamente o adjudicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, mediante trámite administrativo iniciado ante las direcciones departamentales o a través de las jefaturas regionales, previa certificación de la Superintendencia Agraria sobre el uso mayor de la tierra conforme al procedimiento previsto en el reglamento de esta ley.

II. La dotación será a título gratuito exclusivamente en favor de comunidades campesinas, pueblos y comu­nidades indígenas y originarias. La dotación de tierras para asentamientos humanos se efectuará exclusi­vamente en favor de dichas organizaciones, represen­tadas por sus autoridades naturales o por los sindicatos campesinos a defecto de ellas.

III. La adjudicación será a título oneroso, a valor de mercado y en Concurso Público Calificado.

La Adjudicación en Concurso Público Calificado, procede en favor de personas naturales o jurídicas que reúnan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

ARTICULO 43º (Preferencias)

Las tierras fiscales serán dotadas y adjudicadas de acuerdo a su vocación de uso, sujetándose a las siguientes preferencias:
1. La dotación será preferente en favor de quienes residan en el lugar;
2. La dotación tendrá preferencia frente a la adjudicación, en el marco de las políticas nacionales de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras y las posibilidades del Instituto Nacional de Reforma Agraria; y,
3. La dotación será preferente en favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o de aquellas que las posean insuficientemente.

ARTICULO 44º (Titulación)

I. Ejecutoriada la resolución administrativa de dotación o adjudicación se emitirán los títulos ejecutoriales en favor de los beneficiarios, de acuerdo al reglamento de esta ley.

II. La Titulación de tierras comunitarias de origen es compatible con la declaratoria de áreas protegidas, en concordancia con el artículo 64º de la Ley 1333 de 27 de abril de 1992.

ARTICULO 45º (Trámites Nuevos)

I. En tanto dure el proceso de saneamiento en cada área, únicamente se admitirán y tramitarán solicitudes de dotación de tierras comunitarias de origen.

II. Una vez concluido el proceso de saneamiento y declarada saneada el área, las tierras disponibles podrán ser dotadas o adjudicadas.

ARTICULO 46º (Personas Extranjeras)

I. Los Estados y Gobiernos Extranjeros, así como las corporaciones y otras entidades que de ellos dependan, no podrán ser sujetos del derecho de propiedad agraria a ningún título, ya sea directamente o por interpósita persona.

II. Las personas extranjeras naturales o jurídicas no podrán adquirir ni poseer, por ningún título, dentro de los cincuenta (50) kilómetros de las fronteras interna­cionales del país, ninguno de los derechos reconocidos por esta ley, bajo pena de perder en beneficio del Estado la propiedad adquirida, en concordancia con el artículo 25º de la Constitución Política del Estado. Los pro­pietarios nacionales de medianas propiedades y empresas agropecuarias pueden suscribir con personas individuales o colectivas extranjeras, con excepción de las que pertenecen a países limítrofes a la propiedad, contratos de riesgo compartido para su desarrollo, con prohibición expresa de transferir o arrendar la propiedad, total o parcialmente, bajo sanción de nulidad y reversión a dominio de la Nación.

III. Las personas extranjeras naturales o jurídicas no podrán ser dotadas ni adjudicadas de tierras fiscales en el territorio nacional.

IV. Las personas extranjeras naturales o jurídicas, para adquirir tierras de particulares tituladas por el Estado, fuera del límite previsto en el parágrafo II precedente, o para suscribir contratos de riesgo compartido, deberán residir en el país tratándose de personas naturales, estar habilitadas para el ejercicio de actividades agropecuarias en Bolivia, tratándose de personas jurídicas.

ARTICULO 47º (Prohibición para los Funcionarios Públicos)

I. El Servicio Nacional de Reforma Agraria no adjudicará ni dotará tierras agrarias a: El Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados Nacionales, Ministros de Estado, Contralor General de la República, Presidente y Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Magistrados del Tribunal Constitucional de la Nación; Presidente y Vocales del Tribunal Agrario Nacional y Jueces Agrarios, Presidente y Vocales de las Cortes de Distrito; Fiscal General de la República, Superintendente General y Superintendentes, Prefectos y Subprefectos, fun­cionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería, Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos de Género y Generacionales, miembros y funcionarios dependientes del Servicio Nacional de Reforma Agraria, cualesquiera fuere su rango y jerarquía; sea personalmente o por interpósita persona.

II. Esta prohibición subsistirá durante el año siguiente a la cesación de sus funciones y alcanza a los parientes cons­anguíneos y por afinidad, hasta el segundo grado, inclusive.

ARTICULO 48º (Indivisibilidad)

La propiedad agraria, bajo ningún título podrá dividirse en superficies menores a las establecidas para la pequeña propiedad. Las sucesiones hereditarias se mantendrán bajo régimen de indivisión forzosa. Con excepción del solar campesino, la propiedad agraria tampoco podrá titularse en superficies menores a la pequeña propiedad.

ARTICULO 49º (Sanciones)

I. La dotación, adjudicación y actos jurídicos realizados en contravención a las prohibiciones precedentes son nulos de pleno derecho, las tierras se tendrán como si nunca hubiesen salido del dominio del Estado y los funcio­narios encargados de su otorgación serán sancionados conforme a ley.

II. Los funcionarios públicos dependientes del Servicio Nacional de Reforma Agraria, los vocales y jueces agrarios, registradores de derechos reales, notarios o funcionarios públicos que autoricen cualquier acto o realicen gestiones que contravengan los principios y obligaciones establecidos en esta ley, serán sancionados administrativamente sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente. La denuncia puede ser presentada por el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Refor­ma Agraria o cualquier persona individual o colectiva.

ARTICULO 50º (Nulidades)

I. Los títulos ejecutoriales estarán viciados de nulidad absoluta:
1. Cuando la voluntad de la administración resultare viciada por:
a. Error esencial que destruya su voluntad;
b. Violencia física o moral ejercida sobre el administrador;
c. Simulación absoluta, cuando se crea un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real y se hace aparecer como verdadero lo que se encuentra contradicho con la realidad.
2. Cuando fueren otorgados por mediar:
a. Incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o de la jerarquía, salvo, en este último caso que la delegación o sustitución estuvieren permitidas;
b. Ausencia de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; y,
c. Violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su otorgamiento.

II. Declarada la nulidad, se tendrá como si las tierras nunca hubieran salido del dominio originario del Estado y se dispondrá la cancelación de la correspondiente partida en el Registro de Derechos Reales.

III. Si la propiedad respecto de la cual se hubiere dictado resolución de nulidad absoluta se encontrare cumpliendo la función económico-social, su titular tendrá derecho a adquirirla por dotación si se tratare de pueblos y comunidades indígenas, campesinas u originarias o por adjudicación simple si se tratare de personas naturales o jurídicas, excepto en los siguientes casos:
1. Cuando su titular se encuentre dentro de las prohibiciones establecidas en los artículos 46º y 47º de esta ley;
2. Cuando las dotaciones o adjudicaciones otorgadas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria e Instituto Nacional de Colonización hubieren recaído en favor de jueces, vocales y funcionarios de dichas instituciones, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después del cese de las mismas; y,
3. Cuando la propiedad se encuentre en áreas de conservación o protegidas.

IV. La adjudicación simple se efectuará a valor de mercado de la tierra sin mejoras, fijado por la Superintendencia Agraria.

V. Las hipotecas y gravámenes legalmente constituidos sobre propiedades agrarias cuyos títulos fueren objeto de nulidad, subsistirán sobre el nuevo derecho de propiedad que eventualmente se constituya en favor del deudor, conservando su orden de preferencia.

VI. Los títulos ejecutoriales estarán viciados de nulidad relativa cuando existan irregularidades u omisiones que no llegaren a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales. Los títulos ejecutoriales que adolezcan de estos vicios podrán ser subsanados y confirmados si la tierra se encontrare cumpliendo la función económico-social. En caso contrario serán anulados.

VII. La declaración de nulidad absoluta y la convalidación de títulos ejecutoriales será de competencia del Tribunal Agrario Nacional, de acuerdo al procedimiento que se establezca en el reglamento a la presente ley.
La declaración de nulidad relativa será de competencia del Tribunal Agrario Nacional.



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