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Fecha de Publicación: 5/1/2006
Bolivia

Ley 1715. Parte 2


LEY Nº 1715
del 18 de octubre de 1996
Servicio Nacional de Reforma Agraria


TITULO IV
REVERSION Y EXPROPIACION DE TIERRAS

CAPITULO I
DE LA REVERSION DE TIERRAS

ARTICULO 51º
(Reversión de Tierras)

Serán revertidas al dominio originario de la Nación sin in­demnización alguna, las tierras cuyo uso perjudique el interés colectivo calificado por esta ley, en concordancia con el artículo 22º parágrafo I de la Constitución Política del Estado.

ARTICULO 52º (Causal de Reversión)
Es causal de reversión el abandono de la propiedad agraria por ser perjudicial al interés colectivo.
El cumplimiento de obligaciones tributarias, relacionadas con el impuesto a la propiedad inmueble agraria es prueba de que la tierra no ha sido abandonada.
El incumplimiento de las obligaciones tributarias referidas en el párrafo anterior, en el plazo y montos emergentes de la aplicación de esta ley y de normas tributarias en vigencia, por dos (2) o más gestiones consecutivas, es presunción de abandono de la tierra.

ARTICULO 53º (Excepciones)
No serán revertidas por abandono el solar campesino y la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen ni las comunales tituladas colectivamente.
Esta excepción se aplica únicamente a las tierras tituladas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria o el Instituto Nacio­nal de Colonización como solar campesino, pequeña propie­dad, propiedad comunal o tierra comunitaria de origen y, en ningún caso, a las propiedades tituladas como medianas o empresas agropecuarias, que hubieran sido divididas por efecto de contratos o sucesión hereditaria.

ARTICULO 54º (Compensación por Daños)
Las mejoras existentes en el fundo revertido que por su naturaleza no puedan separarse del mismo, serán consolidadas en favor del Estado, en compensación por daños y perjuicios causados al interés colectivo.

ARTICULO 55º (Inscripción en Derechos Reales)
La resolución de reversión pasada en autoridad de cosa juz­gada será título suficiente para la inscripción de la propiedad en el Registro de Derechos Reales, a nombre del Instituto Nacional de Reforma Agraria en representación del Estado.

ARTICULO 56º (Hipotecas y Gravámenes)
I. Los acreedores hipotecarios podrán pagar el impuesto a la propiedad inmueble agraria por cuenta de sus titulares antes de que se produzca la causal de reversión por abandono de la tierra.
Los acreedores hipotecarios, a fin de preservar sus derechos, podrán intervenir en los procedimientos de reversión, ejerciendo los derechos de sus deudores, en base a la acción oblícua prevista en el artículo 1445º del Código Civil. Al efecto, los acreedores hipotecarios serán citados por edictos con la resolución que disponga el inicio del procedimiento.

II. Las hipotecas y gravámenes constituidos sobre tierras que sean revertidas al Estado se extinguen de pleno derecho.

III. Los créditos garantizados por hipotecas extinguidas por reversión, conservando su orden de preferencia, gozarán de hipoteca legal suplementaria sobre los demás bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de propiedad del deudor, oponible a terceros desde la inscripción de la resolución de reversión en el Registro de Derechos Reales, y de privilegio especial sobre las mejoras que puedan ser separadas del fundo.

ARTICULO 57º (Procedimiento)

I. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, revertirá tierras sujetándose a procedimiento administrativo establecido en el reglamento de esta ley.

II. El Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá disponer las medidas precautorias necesarias que aseguren la ejecución de la resolución de reversión.

III. La resolución de reversión será dictada por el Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria y podrá ser impugnada mediante recurso de revocatoria ante la misma autoridad y/o recurso jerárquico ante el Director Nacional en el efecto devolutivo. Los recursos se interpondrán en el plazo perentorio de quince (15) días, computables a partir de la notificación con la resolución que se impugna. La resolución que resuelva el recurso jerárquico podrá ser demandada en proceso contencioso-administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional, en el plazo perentorio de cuarenta y cinco (45) días, a contar de la fecha en la que se notificare con aquella.


CAPITULO II
DE LA EXPROPIACION

ARTICULO 58º
(Expropiación)
La expropiación de la propiedad agraria procede por causa de utilidad pública calificada por ley o cuando no cumple la función económico-social, previo pago de una justa indem­nización, de conformidad con los artículos 22º parágrafo II, 166º y 169º de la Constitución Política del Estado. En el pri­mer caso, la expropiación podrá ser parcial; en el segundo, será total.

ARTICULO 59º (Causas de Utilidad Pública)

I. Son causas de utilidad pública:
1. El reagrupamiento y la redistribución de la tierra;
2. La conservación y protección de la biodiversidad; y,
3. La realización de obras de interés público.

II. Las tierras expropiadas por la causal de utilidad pública, señalada en el numeral 1 del presente artículo, podrán ser adjudicadas sólo en Concurso Público Calificado.

III. El reagrupamiento y la redistribución de la tierra, como causa de utilidad pública, se realizará conforme a las necesidades económico-sociales y de desarrollo rural, establecidas mediante decreto supremo. La expropiación por estas causales no se vinculará a solicitud de parte interesada en la dotación.

IV. El solar campesino, la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente que, por su especial naturaleza, cumplen una función social, sólo podrán ser expropiadas por las causas de utilidad pública, referidas en los numerales 2 y 3 del parágrafo I.
Esta excepción se aplica únicamente a las tierras tituladas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización como solar campesino, pequeña propiedad, propiedad comunal o tierra comunitaria de origen y, en ningún caso, a las propiedades tituladas como medianas o empresas agropecuarias, que hubieran sido divididas por efecto de contratos o sucesión hereditaria.

ARTICULO 60º (Indemnización)

I. El monto de la indemnización por expropiación será igual al promedio del valor del inmueble, determinado por el contribuyente en sus declaraciones juradas del impuesto a la propiedad inmueble agraria, durante los últimos dos (2) años anteriores a la expropiación.

II. El monto de la indemnización por expropiación del solar campesino, la pequeña propiedad, las tierras comuni­tarias de origen y aquellas tituladas colectivamente, será igual al valor de mercado de las mismas, fijado por la Superintendencia Agraria. Alternativamente, cuando la expropiación opere por la causal señalada en el parágrafo I, numerales 2 y 3 del artículo anterior, los titulares afectados podrán ser indemnizados por las mejoras, según el valor fijado por la Superintendencia Agraria y compensados por el valor de la tierra con la dotación de otras de igual superficie y calidad.

ARTICULO 61º (Procedimiento)

I. El Instituto Nacional de Reforma Agraria expropiará tierras sujetándose a procedimiento administrativo establecido en el reglamento de esta ley.

II. La expropiación por causa de utilidad pública, relacionada con obras de interés público, será de compe­tencia de las autoridades u órganos interesados.

III. El pago de las indemnizaciones por expropiaciones, fundadas en la conservación y protección de la bio­diversidad, será efectuado por el Ministerio de Desa­rrollo Sostenible y Medio Ambiente.

IV. El Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá disponer las medidas precautorias necesarias que aseguren la ejecución de la resolución de expropiación.

V. La resolución de expropiación será dictada por el Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria y podrá ser impugnada mediante recurso de revocatoria ante la misma autoridad y/o recurso jerárquico ante el Director Nacional en el efecto suspensivo. Los recursos se interpondrán en el plazo perentorio de quince (15) días computables a partir de la notificación con la resolución que se impugna. La resolución que resuelva el recurso jerárquico podrá ser demandada en proceso contencioso-administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional, en el plazo perentorio de cuarenta y cinco (45) días, a contar de la fecha en la que se notificare con aquella.

ARTICULO 62º (Inscripción en Derechos Reales)
La inscripción de la propiedad expropiada en el Registro de Derechos Reales no requerirá de escritura pública, siendo suficiente al efecto el registro de la respectiva resolución administrativa o, en su caso, de la resolución judicial agraria, que haga lugar a la expropiación.

ARTICULO 63º (Régimen Hipotecario)

I. Los acreedores hipotecarios, a fin de preservar sus derechos, podrán intervenir en los procedimientos de expropiación, ejerciendo los derechos de sus deudores, en ejercicio de la acción oblícua prevista en el artículo 1445 del Código Civil. Al efecto, los acreedores hipotecarios serán citados por edictos con la resolución que disponga el inicio del procedimiento.

II. Las hipotecas y gravámenes constituidos sobre tierras expropiadas se extinguen de pleno derecho.

III. Los créditos garantizados por hipotecas extinguidas por expropiación y los gravámenes constituidos, conservando su orden de preferencia, se pagarán con la indemnización debida al propietario afectado, a la cual quedarán legalmente vinculados.
En caso de ser insuficiente la indemnización, los créditos y gravámenes señalados, gozarán de hipoteca legal Suplementaria sobre los demás bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de propiedad del deudor, oponible a terceros desde la inscripción de la resolución de expropiación en el Registro de Derechos Reales.

IV. Las hipotecas y gravámenes constituidos sobre fundos agrarios que sean expropiados parcialmente subsistirán sobre la parte no afectada de los fundos.

TITULO V
SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 64º
(Objeto)
El saneamiento es el procedimiento técnico-jurídico transi­torio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de pro­piedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte.

ARTICULO 65º (Ejecución del Saneamiento)
El Instituto Nacional de Reforma Agraria, en coordinación con las direcciones departamentales queda facultado para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria en el plazo máximo de diez (10) años computables a partir de la publicación de esta ley, sujeto a las disposiciones de los artículos siguientes.

ARTICULO 66º (Finalidades)

I. El saneamiento tiene las siguientes finalidades:

1. La titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo la función económico-social o función social definidas en el artículo 2º de esta ley, por lo menos dos (2) años antes de su publicación, aunque no cuenten con trámites agrarios que los respalden, siempre y cuando no afecten derechos legalmente adquiridos por terceros, mediante procedimiento de adjudicación simple o de dotación, según sea el caso;
2. El catastro legal de la propiedad agraria;
3. La conciliación de conflictos relacionados con la posesión y propiedad agrarias;
4. La titulación de procesos agrarios en trámite;
5. La anulación de títulos afectados de vicios de nulidad absoluta
6. La convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad relativa, siempre y cuando la tierra cumpla la función económico-social;
7. La certificación de saneamiento de la propiedad agraria, cuando corresponda.

ARTICULO 67º (Resoluciones)

I. Como resultado del saneamiento las resoluciones podrán ser conjunta o indistintamente, anulatorias, modifica­torias, confirmatorias y constitutivas.

II. En los casos previstos en el parágrafo anterior, se dictará:
1. Resolución Suprema, cuando el proceso agrario cuente con Resolución Suprema o se hubieren emitido títulos ejecutoriales.
2. Resolución Administrativa del Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, cuando el proceso agrario no se encuentre dentro de los casos previstos en el numeral anterior.

III. El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá dictar las medidas precautorias necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones emergentes del saneamiento.

ARTICULO 68º (Recursos Ulteriores)
Las resoluciones emergentes del proceso de saneamiento serán impugnadas únicamente ante el Tribunal Agrario Nacional, en proceso contencioso-administrativo, en el plazo perentorio de treinta días (30) computables a partir de su notificación.


CAPITULO II
MODALIDADES DEL SANEAMIENTO

ARTICULO 69º
(Modalidades del Saneamiento)

I. El proceso de saneamiento reconoce tres modalidades:
1. Saneamiento Simple;
2. Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN); y,
3. Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO).

ARTICULO 70º (Saneamiento Simple)
El Saneamiento Simple es la modalidad que se ejecuta a solicitud de parte, en áreas no catastrales o de oficio cuando se detecte conflicto de derechos en propiedades agrarias, parques nacionales, reservas fiscales, reservas de la biodiversidad y otras áreas clasificadas por norma legal.

ARTICULO 71º (Saneamiento Integrado al Catastro)

I. El Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN) se ejecuta de oficio en áreas catastrales.

II. Se entiende por catastro legal, el sistema público de registro de información en el que se hacen constar datos relativos a la propiedad agraria y derechos que sobre ella recaen, así como su superficie, ubicación, colindancias y límites.

ARTICULO 72º (Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO)

I. El Saneamiento en Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) se ejecuta de oficio o a pedido de parte, en las áreas comprendidas en las tierras comunitarias de origen.

II. Se garantiza la participación de las comunidades y pue­blos indígenas y originarios en la ejecución del Saneamiento (SAN-TCO).

III. Las propiedades de terceros situadas al interior de las tierras comunitarias de origen que durante el sanea­miento reviertan a dominio de la Nación, serán con­solidadas por dotación a la respectiva tierra comunitaria de origen.

IV. En caso de que las propiedades de terceros debidamente saneadas, abarquen extensiones que disminuyan significativamente las tierras del pueblo o comunidad indígena u originaria, comprometiendo su desarrollo económico, social y cultural, el Instituto Nacional de Reforma Agraria procederá a dotar tierras en favor del pueblo o comunidad indígena u originaria, en superficie y calidad suficientes, en zonas donde existan tierras disponibles, en consulta con los beneficiarios, de acuerdo a las previsiones de esta ley.

ARTICULO 73º (Selección de Areas)

I. Las áreas a catastrar serán aprobadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, previo dictamen de las comisiones agrarias departamentales.

II. Para la ejecución del saneamiento, el Instituto Nacional de Reforma Agraria fijará un plazo máximo de ejecución por área y podrá suscribir convenios interinstitucionales a tal efecto, debiendo informar de ello a la Comisión Agraria Nacional.

CAPITULO III
ADJUDICACION SIMPLE

ARTICULO 74º
(Características y Condiciones)

I. La adjudicación simple se efectuará a valor de mercado de la tierra sin mejoras, fijado por la Superintendencia Agraria. La adjudicación simple en favor de coloni­zadores individuales se realizará a valor concesional, fijado por la Superintendencia Agraria.

II. La adjudicación simple podrá reconocer plazos para el pago del precio de la tierra, en cuyo caso se aplicará el interés legal, previsto en el Código Civil.

III. En el caso de compras al contado se reconocerá un descuento del veinticinco (25%) porciento del valor de la tierra fijado por la Superintendencia Agraria.


CAPITULO IV
DE LOS PROCESOS AGRARIOS EN TRAMITE

ARTICULO 75º
(Titulación de Procesos Agrarios en Trámite)

I. Los procesos agrarios sustanciados ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria, sobre tierras cuya superficie sea igual o menor a la pequeña propiedad agrícola o que correspondan a comunidades indígenas y campesinas, y que cuenten con sentencia ejecutoriada al 24 de noviembre de 1992, serán titulados sin más trámite y gratuitamente, previa ubicación geográfica si correspondiere.

II. Los trámites administrativos de adjudicación de tierras efectuados ante el Instituto Nacional de Colonización, sobre tierras cuya superficie sea igual o menor a la pequeña propiedad agrícola y que cuenten con minuta de compra-venta protocolizada al 24 de noviembre de 1992, serán titulados sin más trámite y gratuitamente, previa ubicación geográfica si correspondiere.

III. Los procesos agrarios sustanciados ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria e Instituto Nacional de Colonización, sobre tierras cuya superficie sea mayor a la pequeña propiedad agrícola, que cuenten con sentencia ejecutoriada o minuta de compra-venta protocolizada al 24 de noviembre de 1992 respecti­vamente, serán titulados gratuitamente previa revisión del expediente e inspección técnico-jurídica para verificar su regularidad y el cumplimiento de la función económico-social.

IV. Los trámites agrarios sustanciados ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización que no cuenten con sentencia ejecutoriada o minuta de compra-venta protocolizada, al 24 de noviembre de 1992 respectivamente, y los procesos agrarios señalados en el parágrafo anterior que sean anulados por vicios insubsanables o que no se encuen­tren cumpliendo la función económico-social, se sustan­ciarán ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria co­mo trámites nuevos, en el marco de la presente ley.


TITULO VI
PROCEDIMIENTOS AGRARIOS

CAPITULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 76º
(Principios Generales)
La administración de justicia agraria se rige por los siguientes principios:
Principio de Oralidad.- Se caracteriza porque la audiencia es la actividad central del proceso en la que se sustancian los actos pretendidos por las partes.
Principio de Inmediación.- Consiste en el contacto directo y personal del titular del órgano jurisdiccional con las partes y el manejo del proceso como condición esencial de ora­lidad que excluye cualquier medio de conocimiento indirecto del proceso.
Principio de Concentración.- Determina la con­centración de toda la actividad procesal agraria en el menor número posible de actos para evitar su dispersión.
Principio de Dirección.- El gobierno de los procesos es de competencia del titular del órgano jurisdiccional sin perjuicio de los poderes jurídicos que competen a las partes.
Principio de Gratuidad.- La administración de justi­cia agraria es gratuita, no debiendo gravarse a los litigantes con contribuciones ajenas al ámbito judicial.
Principio de Publicidad.- Las actuaciones de la Ju­dicatura Agraria son de carácter público.

Principio de Especialidad.- En virtud del cual se aplica la facultad constitucional otorgada a la Judicatura Agraria para administrar justicia en materia agraria.

Principio de Competencia.- Toda causa debe ser conocida por el juez competente, que es el designado de acuerdo a la Constitución y a esta ley.

Principio de Responsabilidad.- Los vocales, jueces y los funcionarios judiciales subalternos son responsables por los daños que causaren a las partes litigantes, por la comisión de delitos, culpas y errores inexcusables en la aplicación de la ley, por lo que responderán penal y/o civilmente según establece la Constitución y las leyes. El Estado también será responsable por los daños causados por dichos funcionarios en los casos señalados.
Principio de Servicio a la Sociedad.- Dado el carácter eminentemente social de la materia, la administración de justicia agraria es un medio de servicio a la sociedad y no un fin en sí mismo.
Principio de Celeridad.- La administración de justicia debe ser rápida y oportuna, tanto en la tramitación como en la resolución de las causas.
Principio de Defensa.- Se garantiza a las partes el derecho de defensa en la solución de conflictos agrarios cualesquiera sea su naturaleza, en el marco de las leyes vigentes.
Principio de Integralidad.- Consiste en la obligación que tiene la Judicatura Agraria de otorgar a la tierra un tratamiento integral, tomando en cuenta sus connotaciones económicas, sociales, históricas, de conservación, políticas y de reconocimiento a la diversidad cultural.
Principio de Eventualidad.- En cuya consecuencia las fundamentaciones propias de los distintos períodos del proceso, deben plantearse en forma simultánea y no sucesiva, de manera que rechazándose una de ellas, pueda obtenerse un pronunciamiento sobre la otra u otras.

ARTICULO 77º (Irrevisabilidad)
No corresponde a la justicia ordinaria revisar, modificar y menos anular las decisiones de la judicatura agraria, cuyos fallos constituyen verdades jurídicas comprobadas, inamovibles y definitivas.

ARTICULO 78º (Régimen de Supletoriedad)
Los actos procesales y procedimientos no regulados por la presente ley, en lo aplicable, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

CAPITULO II
DEL PROCESO ORAL AGRARIO

ARTICULO 79º
(Demanda y Contestación)

I. La demanda será presentada por escrito observando los siguientes requisitos:
1. El demandante acompañará la prueba documental que obre en su poder y propondrá toda otra prueba de que intentare valerse; y,
2. La lista de testigos con designación de sus generales de ley, si los hubiere.

II. Admitida la demanda será corrida en traslado al demandado para que la conteste en el plazo de quince (15) días calendario, observando los mismos requisitos señalados para la demanda.

ARTICULO 80º (Reconvención)

La reconvención será admisible cuando las pretensiones formuladas derivaren de la misma relación procesal o fueren conexas con las invocadas en la demanda. La reconvención se correrá en traslado para su contestación en el mismo plazo previsto para la demanda.

ARTICULO 81º (Excepciones)

I. Las excepciones admisibles en materia agraria son:
1. Incompetencia;
2. Incapacidad o impersonería del demandante o demandado, o de sus apoderados;
3. Litispendencia. En este caso se acumulará el nuevo proceso al anterior siempre que existiere identidad de objeto;
4. Conciliación; y,
5. Cosa juzgada.

II. Las excepciones serán opuestas, todas juntas, a tiempo de contestar la demanda o la reconvención.

ARTICULO 82º (Audiencia)

I. Con la contestación a la demanda o reconvención en su caso, o vencido el plazo al efecto, el juez señalará día y hora para audiencia que tendrá lugar dentro de los quince (15) días siguientes a tales actos.

II. Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado que justificare la com­parecencia por representante.

ARTICULO 83º (Desarrollo de la Audiencia)
En la audiencia se cumplirán las siguientes actividades proce­sales:
1. Alegación de hechos nuevos, siempre que no modifiquen la pretensión o la defensa, y aclaración de sus funda­mentos si resultaren obscuros o contradictorios.
2. Contestación a las excepciones opuestas y recepción de las pruebas propuestas para acreditarlas.
3. Resolución de las excepciones y, en su caso, de las nuli­dades planteadas o las que el juez hubiere advertido y, de todas las cuestiones que correspondan para sanear el proceso.
4. Tentativa de conciliación instada por el juez respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos. Si se llegare a un acuerdo total, este será homologado en el acto poniendo fin al proceso; empero, si la conciliación fuere parcial, será aprobado en lo pertinente, debiendo proseguir el proceso sobre los puntos no conciliados.
5. Fijación del objeto de la prueba, admitiendo la pertinente y disponiendo su recepción en la misma audiencia, rechazando la inadmisible o la que fuere manifiesta­mente impertinente.

ARTICULO 84º (Audiencia Complementaria)

I. Si la prueba no hubiere sido totalmente recepcionada en la primera audiencia, en la misma se señalara día y hora de audiencia complementaria, que se realizará dentro de los diez (10) días siguientes. La audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo ni dejará de recepcionarse la prueba, ni aún por ausencia de alguna de las partes, excepto en el único caso que el juez decida prorrogarla por razones de fuerza mayor.

II. Los testigos y peritos permanecerán en sala contigua para eventuales declaraciones complementarias o careos, salvo que el juez autorice su retiro.

III. Todo lo actuado se asentará en acta resumida.

ARTICULO 85º (Providencias y Autos Interlocutorios)
Las providencias y autos interlocutorios simples admiten recurso de reposición, sin recurso ulterior. Si estas resolucio­nes fueran dictadas en audiencia deberán ser impugnadas en la misma y resolverse en forma inmediata por el juez.

ARTICULO 86º (Sentencia)
La audiencia concluirá con la dictación de la sentencia, sin necesidad de alegatos de las partes y constará en acta.

ARTICULO 87º (Recursos)

I. Contra la sentencia procederán los recursos de casación y nulidad ante el Tribunal Agrario Nacional, que deberán presentarse ante el Juez de instancia, en el plazo de ocho (8) días perentorios computables a partir de su notificación, observando los requisitos señalados en el artículo 258º del Código de Procedimiento Civil.

II. Presentado el recurso, si correspondiera, se correrá en traslado a la otra parte para que conteste dentro del mis­mo plazo, observando los requisitos señalados en el pa­rágrafo anterior, en lo pertinente.

III. Con la contestación del recurso o vencido el plazo señalado al afecto, el juez concederá el recurso y ordenará la remisión del expediente ante el Tribunal Agrario Nacional. El juez rechazará el recurso si fuese presentado fuera de término.

IV. El Tribunal de Casación resolverá el recurso declarán­dolo improcedente, infundado, casando la sentencia o anulando obrados, en el plazo improrrogable de quince (15) días.


DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA
(Ocupaciones de Hecho)

Los asentamientos y las ocupaciones de hecho en tierras fiscales, producidas con posterioridad a la promulgación de esta ley son ilegales y contravienen sus principios; por tanto, sus autores serán pasibles de desalojo, con intervención de la fuerza pública si fuere necesaria, a requerimiento de autoridad administrativa o judicial competente.

SEGUNDA (Derecho Preferente)

I. En las tierras de aptitud de uso agrícola o ganadera, en las de protección o producción forestal y en las comuni­tarias de origen, en las que existiera superposición o con­flictos de derechos, prevalecerá el derecho de propiedad agrícola, ganadera o de la comunidad campesina, pueblo o comunidad indígena u originaria, sobre las concesio­nes, contratos o autorizaciones de aprovechamiento forestal.

II. En las tierras de protección o producción forestal el be­neficiario deberá cumplir las regulaciones con respecto al uso mayor de la tierra, establecidas en normas espe­ciales.

TERCERA (Certificación para la Concesión de Tierras)

I. El Instituto Nacional de Reforma Agraria certificará los derechos de propiedad agraria existentes en las tierras de uso forestal y aquellas destinadas a la conservación de la biodiversidad, investigación y ecoturismo, en el plazo de (60) sesenta días a partir de presentada la solicitud.
Dicha certificación constituirá requisito indispensable para la otorgación de concesiones de tierras forestales, de conservación de la biodiversidad, investigación o ecoturismo y para la clasificación de áreas por parte de las entidades competentes.

II. En caso de no certificarse en el plazo establecido en el parágrafo I que antecede, la entidad solicitante podrá requerir el pronto despacho de la certificación. Si aún así el certificado no es emitido, el Director Nacional del Ins­tituto Nacional de Reforma Agraria incurrirá en respon­sabilidad calificada de acuerdo a la Ley 1178 de 9 de julio de 1990.
En ningún caso las entidades competentes otorgarán concesiones de tierras forestales, de conservación de la biodiversidad, investigación o ecoturismo a personas individuales o colectivas distintas a los propietarios de la tierra, respecto de los cuales la certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria acredite derechos de propiedad.

CUARTA (Incorporación a la Ley General del Trabajo)

Se dispone la incorporación de los trabajadores asalariados del campo al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, sujeta a régimen especial, concordante con lo prescrito en el artículo 157º, numerales I y II de la Constitución Política del Estado.

QUINTA (Tasas de Saneamiento y Catastro)

Créase las tasas de saneamiento y catastro de la propiedad agraria, a ser fijadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, tomando en cuenta los costos de los servicios y criterios de equidad y proporcionalidad. Las tasas no se aplicarán al solar campesino, la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen y las de comunidades.

SEXTA (Registro de la Propiedad Mueble Agraria)

Créase el Registro de la Propiedad Mueble Agraria (RPMA), como unidad desconcentrada del Instituto Nacional de Re­forma Agraria, con el objeto de inscribir y registrar la maqui­naria agrícola y pecuaria empleada en las actividades del agro, a implementarse en coordinación con el sector productivo or­ganizado. Sus atribuciones, condiciones de funcionamiento y estructura orgánica serán establecidas en reglamento especial.

SEPTIMA (Transferencia)

I. Transfiérese a título gratuito al Instituto Nacional de Reforma Agraria los activos del Consejo Nacional de Reforma Agraria y del Instituto Nacional de Colo­nización, y los bienes inmuebles restantes del Banco Agrícola de Bolivia en todo el territorio de la República.

II. Subrógase al Tesoro General de la Nación los pasivos del Consejo Nacional de Reforma Agraria e Instituto Nacional de Colonización.

OCTAVA (Presupuestos)

I. El Poder Ejecutivo consignará, dentro de su presupuesto anual, las partidas para cubrir los gastos que demande el funcionamiento de los Organos del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Superintendencia Agraria.

II. El presupuesto para el funcionamiento de la Judicatura Agraria será consignado en el presupuesto del Poder Judicial.

NOVENA (Créditos de Desarrollo)

En observancia de los artículos 168º y 173º de la Constitución Política del Estado a través de sus instancias financieras y sujeto a reglamentación especial, otorgará y/o canalizará cré­ditos de desarrollo y de fomento a pequeños propietarios, cooperativas, y comunidades indígenas, campesinas y originarias.

DECIMA

El Instituto Nacional de Reforma Agraria solicitará al Poder Ejecutivo la declaratoria de "Zona de Minifundio" en áreas excesivamente fragmentadas, a fin de consolidar unidades productivas económicamente viables, sin afectar derechos propietarios. La división, subdivisión y transferencia en las zonas de minifundio estarán reguladas en el reglamento de esta ley.

DECIMO PRIMERA

Los contratos de aparcería o arrendamiento serán regulados en el reglamento de esta ley.

DECIMO SEGUNDA

La Cooperativa Agropecuaria es una sociedad económica de administración democrática cuyas actividades se rigen por los siguientes principios:
a. Libre adhesión de sus asociados;
b. Igualdad en derechos y obligaciones;
c. Control democrático y voto único personal independiente del capital suscrito por cada socio; y,
d. Distribución de las utilidades en proporción al trabajo.

DECIMO TERCERA

(Modificaciones a la Ley 843 - texto ordenado en 1995)

I. Modifícase el inciso a) del artículo 53º de la Ley 843, de la siguiente manera:
"a. Los inmuebles de propiedad del Gobierno Central, las Prefecturas Departamentales, los Gobiernos Muni­cipales y las Instituciones Públicas y las tierras de propiedad del Estado. Esta franquicia no alcanza a los inmuebles de las empresas públicas".

II. Incorpórase al final del artículo 57º, el siguiente párrafo:

"En el caso de la propiedad de inmueble agraria, dedi­cada al desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, conservación y protección de la biodiversidad, investigación y ecoturismo, el impuesto se determinará aplicando el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de las alícuotas que se indican en este artículo".

DECIMO CUARTA (Régimen legal)

I. La nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales sometidos a saneamiento, se resolverá tomando en cuenta los requisitos contenidos en las disposiciones vigentes a tiempo de su otorgamiento, referidos a:

1. Jurisdicción y competencia;
2. Disposiciones de las leyes que prohíben terminantemente, o dejando de hacer lo que ordenan del mismo modo, en perjuicio de la causa pública o de tercero interesado;
3. Dotaciones o adjudicaciones realizadas en áreas de conservación o protegidas.

II. Los títulos ejecutoriales afectados de nulidad relativa, podrán ser subsanados y confirmados gratuitamente, si la tierra se encontrare cumpliendo la función económico-social. En caso contrario serán anulados.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA


Mientras dure el proceso de saneamiento de la propiedad agraria no podrán ser miembros de la Judicatura Agraria, los ex jueces o ex vocales del Consejo Nacional de Reforma Agraria, ni los ex funcionarios del Instituto Nacional de Colonización.

SEGUNDA

I.
De acuerdo a lo dispuesto en esta ley, el Servicio Nacio­nal de Reforma Agraria titulará inmediatamente promul­gada la misma, como Tierras Comunitarias de Origen, los territorios indígenas: Chimán (TICH), Multiétnico Nº 1 (TIM) Sirionó (TIS), Weenhayek, (TIWM), y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), reconocidos mediante Decretos Supremos Nos. 22611; 22609; 23500 y 22610 respetando los derechos legalmente adquiridos por terceros.

II. Los territorios indígenas Yuquí, Araona y el Territorio Indígena y Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, recono­cidos mediante Decretos Supremos 23108; 23110 y 23111 serán titulados en el término improrrogable de se­senta (60) días a partir de la publicación de esta ley, en el cual se determinará su ubicación geográfica y límites.

III. Las superficies consignadas en los títulos referidos en los parágrafos anteriores están sujetas a modificación o confirmación, de acuerdo a los resultados del Sanea­miento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO).

TERCERA

I
. En relación a las dieciséis (16) solicitudes de Tierras Comunitarias de Origen, interpuestas con anterioridad a esta ley, se dispondrá su inmovilización respecto a nuevas solicitudes y asentamientos, respetando derechos adquiridos legalmente por terceros.

II. La Resolución de Inmovilización será dictada por el Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria para cada solicitud, dentro de los noventa (90) días siguientes a la publicación de la presente ley, previa determinación de su ubicación y superficie.

III. Las superficies consignadas en las demandas de Tierras Comunitarias de Origen podrán modificarse de acuerdo a los resultados del Saneamiento de Tierras Comu­nitarias de Origen e Identificación de Necesidades y Titulación.

IV. Las indicadas tierras comunitarias de origen serán tituladas en el término improrrogable de diez (10) meses, computables a partir de la publicación de esta ley, previa ejecución del Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) y cumplimiento del Procedimiento de Identificación de Necesidades y Titulación.

CUARTA

En tanto se designe al Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, tal como lo dispone esta ley, el Presidente de la República podrá designar un Director Nacional Interino.

QUINTA

Las tierras tituladas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria en lo proindiviso, en favor de comunidades y pueblos indígenas u originarios serán reconocidas como Tierras Comunitarias de Origen, siempre y cuando sus titulares mantengan formas de organización, cultura e identidad pro­pias y así lo soliciten.

SEXTA

De conformidad con el artículo 166º de la Constitución Política del Estado, se reconocerán los asentamientos humanos de pequeños productores y comunidades indígenas y campesinas anteriores en dos (2) años o más a la vigencia de esta ley, siempre que estén cumpliendo con las normas de uso de la tierra vigentes, no afecten derechos legalmente adquiridos por terceros y cumplan las disposiciones estable­cidas en esta ley.

SEPTIMA

I. La Dirección General de Trabajo Agrario y Justicia Campesina, en el plazo de noventa días computables a partir de la publicación de esta ley evaluará los procesos a su cargo, con las siguientes finalidades:
1. Los procesos referidos a conflictos laborales agrarios radicados en las inspectorías regionales, direcciones departamentales y Dirección General del Trabajo Agrario y Justicia Campesina, serán remitidos a la Inspección Nacional del Trabajo para su resolución en la vía conciliatoria, de acuerdo a los principios constitucionales vigentes. De no mediar conciliación se remitirán a conocimiento de los Juzgados del Trabajo y Seguridad Social.
2. Los procesos referidos a conflictos de límites y otros sobre el derecho propietario de fundos rurales, radicados en las inspectorías regionales, direcciones departamentales y Dirección General del Trabajo Agrario y Justicia Campesina, serán remitidos al Instituto Nacional de Reforma Agraria para someterlos al saneamiento de la propiedad agraria.
3. Los procesos de intervención y reversión de tierras y aquellos sobre actos que perturban el trabajo agrario, radicados en las inspectorías regionales, direcciones departamentales y Dirección General del Trabajo Agrario y Justicia Campesina, serán remitidos a la Judicatura Agraria para su sustanciación.
Los jueces agrarios conocerán transitoriamente las causas referidas en el numeral 3 del párrafo que antecede.

II. Las causas en trámite se sustanciarán de acuerdo a la Ley de 22 de diciembre de 1967, en lo aplicable y, las causas nuevas de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley.

III. Cumplido el plazo referido en el parágrafo I, la Direc­ción General de Trabajo Agrario y Justicia Campesina quedará disuelta.

OCTAVA

I. Mientras se constituya el Consejo de la Judicatura y por esta única vez, los miembros del Tribunal Agrario Nacional serán designados por la Corte Suprema de Justicia, por dos tercios de votos del total de sus miembros, de ternas elaboradas por la Honorable Cáma­ra de Diputados.

II. Mientras se constituya el Consejo de la Judicatura y por esta única vez, los jueces agrarios serán designados por la Corte Suprema de Justicia, por dos tercios de votos del total de sus miembros, de ternas elaboradas por el Tribunal Agrario Nacional.

NOVENA

En todo aquello no previsto y no derogado por la presente ley, se aplicarán las normas vigentes del Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de ley el 29 de octubre de 1956.

DECIMA

Mientras el Poder Ejecutivo establezca las características y si fuere el caso, las extensiones de la propiedad agraria para cada zona, con arreglo a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 41º de esta ley, a los efectos legales correspondientes, se tomarán en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 13º, 14º, 15º, 16º, 17º y 21º del Capítulo III del Título I de la Ley de 29 de octubre de 1956.

DECIMO PRIMERA

Mientras dure la investigación sobre todas las tierras que comprende el caso BOLIBRAS y hasta la conclusión de todos los procesos, queda terminantemente prohibida su dotación o adjudicación, no reconociendo ningún trámite de titulación vinculado a éste, encomendando al Instituto Nacional de Re­forma Agraria tomar todas las acciones de Ley contra cual­quier tipo de asentamiento anterior o posterior a la inves­tigación.


DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ABROGATORIAS

ARTICULO 1º (Abrogatorias)
Quedan abrogadas las siguientes disposiciones legales:
1. Decreto Supremo No. 3471 de 27 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956. (Constitución y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria);
2. Ley de 22 de diciembre de 1956 (Juzgados Agrarios Móviles);
3. Ley de 6 de noviembre de 1958 (Dotación de tierras fiscales por el Servicio Nacional de Reforma Agraria con excepción de las declaradas en reserva para colo­nización);
4. Decreto Supremo No. 3939 de 28 de enero de 1955, elevado a Ley el 29 de octubre de 1956 (Revisión de Expedientes por el Consejo Nacional de Reforma Agraria;
5. Decreto Supremo No. 3960 de 17 de febrero de 1955, elevado a ley el 29 de octubre de 1956;
6. Decreto Ley No. 07226 de 28 de junio de 1965 (De la Colonización);
7. Decreto Ley No. 07442 de 22 de diciembre de 1965 (De la Colonización);
8. Ley No. 31 de 18 de noviembre de 1960 y Decreto Reglamentario No. 5702 de 10 de febrero de 1961, elevado a Ley el 22 de diciembre de 1967. (Dirección Nacional de Trabajo Agrario y Justicia Campesina);
9. Abrógase el D.S. 5749 del 24 de marzo de 1961; y,
10. Las demás disposiciones contrarias a la presente ley y su reglamento.

ARTICULO 2º (Derogatorias)
Quedan derogadas las siguientes disposiciones legales:
1. Artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Capítulo II y Capítulo III y artículos 21º y 22º del capítulo IV del Título I del Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;
2. Capítulos I, II y III del Título V del Decreto Ley No. 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;
3. Capítulo Unico del Título VII del Decreto Ley No. 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;
4. Capítulo III del Título IX, del Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de ley el 29 de octubre de 1956;
5. Capítulo Unico del Título XIV del Decreto Ley No. 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;
6. Artículos 162º y 163º del Capítulo I y artículos 164º, 165º, 166º y 167º del Capítulo II, del título XV, del Decreto Ley No. 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;
7. Artículo 4º del Decreto Ley No. 7260 de 2 de agosto de 1965, elevado a rango de Ley por ley No. 343 de 26 de octubre de 1967;8. Artículo 168º del Capítulo I del Título XVI del Decreto Ley 3464 del 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;
9. Artículo 69º del D.S. 22407 de 11 de enero de 1990; y,
10. Las demás disposiciones contrarias a esta ley y su reglamento.
Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.



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