Fuente: Estrucplan On Line - www.estrucplan.com.ar - Salud, seguridad y medio ambiente en la industria

Agroquímicos
La problemática de los agroquímicos y sus envases, su incidencia en la salud de los trabajadores, la población expuesta y el ambiente. 07 - Región Hortícola Bonaerense. Parte 4

ESTUDIO COLABORATIVO MULTICÉNTRICO

10. Marco normativo provincial y municipal aplicable en materia de Agroquímicos y de los residuos que genere su utilización

Las disposiciones nacionales

La Argentina carece de una legislación perfecta que regule la adquisición y uso de agroquímicos, por ello su regulación se realiza a partir de decretos y disposiciones legales. Las normativas que regulan la investigación, fabricación, uso y deposición de envases de agroquímicos incluyen una serie de decretos de ley, resoluciones y disposiciones realizadas por una serie de organismos desde 1958 a la fecha.

La resolución nº 350/99 complementada por resolución de SENASA/ 230 del 24 de marzo del año 2000, aprueba el manual de procedimientos, criterios y alcances para el registro de productos fitosanitarios en la República. Argentina.

En ella se apunta a un equilibrio entre el interés público y las facultades de fiscalización del servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria en establecimientos productores de productos fitosanitarios, y el interés privado y consecuentes derechos de los titulares de esos establecimientos. En esta resolución se determina las investigaciones a realizar para la aprobación de productos químicos, las dosis recomendadas según los cultivos, los días de carencia y la toxicología.

Dentro de las normativas relacionadas con la horticultura cabe destacar la Resolución N° 71/99 SAGPyA, que aprueba la guía de buenas prácticas de higiene y agrícolas para la producción primaria (cultivo-cosecha), empacado, almacenamiento y transporte de hortalizas frescas.

En la misma se detallan las recomendaciones sobre buenas prácticas, como así también se consideran los aspectos de capacitación, documentación y registro del personal y el rastreo y retiro de los productos del mercado en caso de detectar peligro para la salud del consumidor.

Cotejando dicha resolución con las observaciones y registros realizados en las visitas a establecimientos hortícolas permite confirmar que subsisten una serie de recomendaciones específicas que no son tenidas en cuenta en las prácticas concretas.

1. Verificar la integridad de los envases, etiquetas y marbetes de los productos que adquiera. Guardar los productos fitosanitarios en sus envases originales con las respectivas etiquetas y marbetes.

Respecto al etiquetado la resolución 145/96 de IASCAV fija el formato, tipo y distribución de la información en las etiquetas.

El etiquetado se regirá por la directriz general de la FAO sobre etiquetado correcto, adoptándose el sistema de clasificación de los plaguicidas según sus riesgos, desarrollado por la OMS. Además se colocaran bandas de diferentes colores evidenciando las diferentes categorías toxicológicas.

Por su parte la disposición N° 11 del Servicio Nacional de Sanidad Vegetal normaliza el envasado, cierre, acondicionamiento capacidad y material de los envases de terapéuticos de uso agrícola.

De las entrevistas y la observación realizada en las explotaciones hortícolas se ha verificado que en muchos casos la adquisición, acopio y utilización de productos fraccionados fuera de sus envases originales y sin identificación.

La práctica de no conservarlos en sus envases originales determina no solo mayores posibilidades de accidentes por derrames o ingestión involuntaria sino que al no poseer la etiqueta identificatoria no se conoce con certeza la información que de ella se deriva.

2. Preparar y aplicar los productos respetando estrictamente las recomendaciones de los marbetes en cuanto a: dosis, momento de aplicación, condiciones ambientales, limpieza del agua para la preparación de los caldos, etc.

Si bien los productores y trabajadores encuestados afirmar leer el marbete, y respetar las indicaciones que le da el proveedor de insumos, rara vez se hallan en las explotaciones instrumentos de medición que permitan aplicar la dosis justa.

Esta situación implica que se utilice una mayor cantidad de producto que la indicada pudiéndose de esta forma cargar a las plantas con una dosis de plaguicida mayor a la recomendada.

3. El aplicador deberá tener vestimenta apropiada y conocer y respetar todas las normas para el uso seguro de plaguicidas.

Es posible entrever una cierta “lucha”, cierta posición antagónica entre los trabajadores y los productores en relación a la provisión del equipo. Es así que los productores manifiestan aplicar ellos mismos con el equipo completo y obligar a los trabajadores a hacerlo, afirmando la existencia una gran resistencia en estos últimos a utilizarlo.

Por su parte los trabajadores mencionan que en su afán de reducir costos, los productores no adquieren el equipo de protección.

4. Respetar los tiempos de carencia indicados, es decir el tiempo que debe pasar desde la aplicación del producto hasta la cosecha.

Al respecto la resolución del SENASA 256/2003 establece las tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios.

La resolución indica para cada producto químico, las tolerancias máximas de residuos en cada uno de los vegetales cultivados. También allí se establecen los tiempos de carencia según principio activo, formulación y cultivo tratado.

Por último, se realiza un listado de los principios activos prohibidos o de uso restringido según las leyes, decretos, disposiciones y resoluciones vigentes.

El respecto del tiempo de carencia es quizás el punto más conflictivo en el proceso de aplicación de plaguicidas.


La legislación en la provincia de Buenos Aires


Con respecto a la provincia de Buenos Aires en septiembre de 1988 fue sancionada la ley de agroquímicos que bajo el N° 10.699 propone como objetivos principales: la protección de la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola, evitar la contaminación de los alimentos y del medio ambiente, mediante la correcta y racional aplicación de los productos químicos).

En la misma se toman bajo control todas las etapas que hacen a la elaboración, comercialización, almacenamiento, hasta el tratamiento y control de residuos de los compuestos químicos mencionados en la ley.

En el Artículo N° 7 se realiza una clasificación de los agroquímicos conforme al riesgo y peligrosidad que se enfrente en su utilización, de esta forma los químicos podrán ser de uso y venta libre, de uso y venta profesional y de venta y uso restringido.

En el último grupo se hallan los sumamente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Su comercialización es registrada a fin de identificar a los usuarios.

Resulta particularmente interesante el articulo N° 12 en donde se explicita que todo producto contaminado con plaguicidas en cantidades mayores a las toleradas será decomisado y destruido.

A partir de las entrevistas a productores, asesores y proveedores de insumos es posible afirmar que una gran parte de los principios enunciados en la ley, no se cumplen o solo se tienen en cuenta parcialmente. Esto guarda relación con por lo menos dos elementos; por un lado el desconocimiento de la ley por parte de los productores y la ausencia de una supervisión real e “in-situ” de los organismos de contralor.

Los artículos 7 y 8 de la ley 10.699 prevén la exigencia de una receta agronómica obligatoria para aquellos productos más riesgosos, también puede suceder que una vez introducidos al mercado, el organismo de aplicación detecte su toxicidad para los seres vivos y el medio ambiente. Es entonces cuando se suspende la venta y el uso del producto cuestionado, provocando su exclusión o restricción de uso.

Por último según el artículo 50 del decreto 499/91 de organismo de aplicación podrá efectuar evaluaciones acerca de los efectos tóxicos directos o indirectos que pudieran ocasionar determinados agroquímicos ya autorizados.

De las encuestas y del relato de los productores y trabajadores puede inferirse que las evaluaciones de los efectos tóxicos de agroquímicos ya autorizados, suele ser tardía e influenciada por presiones comerciales. Los casos de los insecticidas furadan y endosulfan donde se acumulan pruebas de su impacto en la salud y en el ambiente, en nuestro país y en el resto del mundo, es una prueba de ello.


11. Áreas del gobierno provincial y municipal responsables en materia de agroquímicos (salud, ambiente, etc.)


En la actualidad, el SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dependiente de la Secretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación, es el responsable de regular el uso de plaguicidas. Dentro de este servicio es la Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacéuticas y Veterinarios quien debe fiscalizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre la producción, comercialización y uso de plaguicidas, sus envases y rótulos.

Por su parte en la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Asuntos Agrarios es el organismo de aplicación de la ley de agroquímicos pudiendo coordinar su acción con el Ministerio de Salud y con otras reparticiones estatales, universidades, entidades oficiales y privadas con la finalidad de incrementar su eficacia y así disminuir los riesgos de intoxicación y contaminación del medio ambiente.

A nivel de los municipios correspondientes al área hortícola, las Secretarias de Ambiente y/o de Ecología son las encargadas de realizar el monitoreo del uso efectivo de los plaguicidas.

Al relacionar la legislación vigente con la real posibilidad de realizar una adecuada supervisión in-situ sobresale la falta de relación entre la tarea a realizar y los recursos asignados. La carencia de infraestructura y de recursos humanos imposibilita llevar a la práctica los principios enunciados.

Se requiere para la adquisición de algunos tóxicos –los más peligrosos– la presentación de una “receta agronómica” confeccionada por un asesor técnico. De las entrevistas surge que el suministro de plaguicidas se realiza sin mediar ningún tipo de diagnóstico que de origen a una prescripción escrita.

Una situación similar sucede con el tiempo de carencia. Tanto productores como en trabajadores el registro y la asimilación de los tiempos de carencia se percibe como algo difuso, “un tiempo que debe respetarse entre la aplicación y la cosecha”, que es lo suficientemente laxo como para permitir la cosecha de hortalizas luego de dos días de aplicación, si el precio de mercado es aceptable según las expectativas del productor.

También se ha registrado una cierta relación entre el respeto de los tiempos de carencia y el mercado donde se envían las hortalizas. Si el mercado cuenta con un laboratorio donde se realiza control bromatológico –las hortalizas a analizar se extraen por muestreo intencional– o se comercializa en el predio, los productores suelen respetar el tiempo de carencia. Por el contrario, si las hortalizas se comercializan en mercados alternativos, sin control bromatológico, no se respeta el tiempo de carencia.

Esta última situación refiere a la imposibilidad del estado de controlar fehacientemente el estado en que se comercializan las hortalizas con destino al consumo en fresco en la provincia de Buenos Aires.

Otro de los aspectos relevantes que hacen al incumplimiento de la legislación vigente hace referencia a los aspectos laborales. Casi la totalidad de los trabajadores hortícolas realizan sus tareas sin un registro adecuado, “en Negro”.

Enmarcado en lo que se ha denominado flexibilización laboral, los trabajadores realizan sus tareas sin horario fijo, obteniendo salarios en base a la productividad –tanteros– o con relación a los ingresos globales –medianeros– y relacionado con este trabajo, aplicando agroquímicos sin un conocimiento acabado de su composición y aún sin la protección necesaria.

Respecto a las posibilidades de capacitación e información en los sectores formales e informales de la educación, las posibilidades son mínimas. Si bien los contenidos relacionados con los plaguicidas aparecen entre los impartidos en la Educación General Básica, los mismos son fragmentados y sin una relación estrecha con la realizad, aún son presentados de manera parcial sin una correlación con elementos de orden económico y social.

No se han registrado planes de capacitación a nivel de las instituciones de instrucción técnica y de formación de oficios. Solo se han hallado en el área instituciones de nivel superior, universidades, y ONGs que realizan charlas periódicas y distribuyen material informativo.

Por último se hace necesario resaltar que la utilización de plaguicidas se realiza en un marco socioeconómico caracterizado por una pauperización en las condiciones de vida, y de trabajo, de amplios sectores de la población residente o no en el área junto a una reestructuración en las funciones de los organismos del Estado.

Estas condiciones han determinado entre otras un cambio en las pautas de consumo de alimentos, profundizado el deterioro en las condiciones laborales y un menor contralor en la producción y comercialización de alimentos. Unas y otras se imbrican para producir un uso desaprensivo de plaguicidas y con ello contaminación en alimentos e intoxicaciones en seres humanos.


IV. CONCLUSIONES

  • La actividad hortícola puede definirse como un campo de acciones donde los productores entre sí y con los trabajadores luchan por una porción del capital en juego.
  • Los plaguicidas suelen utilizarse a fin de controlar o mitigar el accionar de las plagas, se trata de tecnologías químicas utilizadas aisladamente en ausencia de un plan integral de manejo de insectos y enfermedades. Aunque una parte de los entrevistados conoce estrategias de manejo basadas en el control biológico no las llevan a la práctica.
  • Por lo general el inicio de las actividades relacionadas con la manipulación de plaguicidas se hace a edades tempranas, a partir de una capacitación informal, visualizando el trabajo de otros trabajadores. Esta capacitación a partir del ensayo y error puede incidir en el acontecimiento de intoxicaciones.
  • Si bien la mayoría de los entrevistados manifestó conocer la peligrosidad de producir daño de los tóxicos de ello no suelen derivarse prácticas concretas como la utilización de ropa y equipo de protección adecuados.
  • Aunque en su mayoría los productos se adquieren en sus envases originales, subsisten casos de compras fraccionadas. Su ausencia determina condiciones favorables de aplicaciones inadecuadas y derivadas de ellas la posibilidad de sufrir una intoxicación.
  • Resulta ineludible el rol de los proveedores de insumos quienes al recorrer las quintas y supervisar los cultivos, recomiendan prácticas para el manejo de insectos y enfermedades, basadas en el control químico. Este los asesora sobre los químicos a aplicar, dosis y en ocasiones normas de prevención.
  • En esta actividad se encuentran diferentes áreas de riesgo, donde puede producirse una intoxicación. Las etapas de dosificación y aplicación son las más emblemáticas, no tanto porque abarcan un alto porcentaje de casos registrados –lo que ya es importante– sino por la interrelación de los factores, la amplia gama de agentes involucrados y la envergadura de las secuelas. En éstas etapas, factores de origen ambiental, económico, y cultural se entrelazan para producir casos de intoxicación, ya en las personas involucradas en el desarrollo de las tareas como en aquellas ubicadas en las inmediaciones.
  • La multiplicidad de tareas productivas, determina una muy baja consideración en estado de las tecnologías empleadas, en este caso no se realiza una revisión adecuada del equipo de aplicación, como en el cumplimiento de las normas para la prevención de accidentes.
  • La posibilidad de contratar mano de obra por parte de los productores empresariales determina que las pulverizaciones sean realizadas por trabajadores asalariados y medianeros. Estos últimos aparecen como los más expuestos a sufrir intoxicaciones a partir de las estrategias de acumulación, basadas en la explotación propia y del grupo doméstico.
  • La posibilidad de padecer una enfermedad de tipo crónico no resulta lo suficientemente conocida en la mayoría de los casos analizados.
  • El desecho de envases y líquidos remanentes se realiza en forma inadecuada. Por su parte los líquidos remanentes del lavado del equipo se arrojan ya sobre el suelo como en acequias internas potencializando la contaminación dentro como fuera del predio.
  • No existe una legislación perfecta que tome en cuenta la integridad de los factores involucrados en la utilización de los plaguicidas. Esta situación favorece una adquisición indiscriminada, la manipulación por personal no calificado, la aplicación inadecuada y la falta de respeto en el tiempo de carencia.
  • Los consumidores aparecen como un actor oculto en la problemática de aplicación de plaguicidas en áreas agrícolas, pero son tan partícipes en el desarrollo de las estrategias de aplicación como en sus consecuencias. Las hortalizas contaminadas pueden llegar a los consumidores a partir de los débiles controles existentes en los centros de comercialización.

V. RECOMENDACIONES

  • Se debe legislar para un país real, atento a las condiciones sociales y culturales imperantes. Las reglamentaciones además de requerir una correlación con la vida cotidiana, deben actualizarse al ritmo del avance en el conocimiento sobre el impacto de los plaguicidas en seres humanos y el ambiente.
  • Se hace necesario dotar de infraestructura y recursos humanos a los organismos de contralor tanto de las condiciones laborales como de las relativas al ciclo de vida de plaguicidas
  • Se debería prestar atención al control bromatológico en los mercados concentradores, previa sensibilización y capacitación en el manejo integral de plaguicidas.
  • Cabe la necesidad de implementar planes de difusión y sensibilización, a la población en general y a las residentes en áreas hortícolas en particular, sobre las características e impacto de los plaguicidas. A su vez deberán analizarse, discutirse e implementarse planes de capacitación adecuados a las condiciones reales de vida y trabajo. Estos planes deberían incluir la capacitación en producción orgánica.
  • Sería conveniente profundizar las investigaciones sobre impacto de plaguicidas en la salud a partir de metodologías de tipo cualitativo; etnografía, historias de vida, otros.
  • Dadas las deficiencias en el registro y notificación de las intoxicaciones, se requiere encarar planes de capacitación destinado a los integrantes del sector de la salud a fin mejorar cuali y cuantitativamente dichos registros. Solo a partir de registros confiables se podrá conocer la dimensión real de las intoxicaciones con plaguicidas y sus secuelas en la salud.
  • Seria recomendable realizar estudios epidemiológicos a la población en riesgo dada su vinculación directa o indirecta con los agrotóxicos.
  • Se debe prestar especial atención a los envases, ya desde los materiales de construcción a como de llevar a la práctica adecuados planes de eliminación en el cual tomen parte productores, municiios y empresas. Los métodos de eliminación deben ser integrales atendiendo a que los envases resultan tóxicos no solo por su contenido sino por su material de constitución.
  • Se deberían discutir e implementar políticas de estado en espacial las de desarrollo y extensión dirigida a los pequeños productores, así como las políticas laborales en espacial las que regulen las condiciones de vida y trabajo dentro de las explotaciones hortícolas.

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Fuente: http://www.ambiente.gov.ar


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